El recientemente establecido Grupo de las Seis ha solicitado al Estado la destitución de Mike Flores, jefe de la Oficina del Gobernador Samuel García, y de Gloria María Morales, secretaria de Administración, en respuesta a una investigación por presuntas irregularidades fiscales llevada a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR). Además, el grupo ha instado al Congreso local a remover a la contralora estatal, Teresa Herrera Tello, debido a lo que consideran un incumplimiento de sus funciones de supervisión.
Investigación de la FGR Levanta Sospechas contra Mike Flores
La exigencia del Grupo de las Seis está motivada por una investigación en curso de la FGR contra Mike Flores y Gloria María Morales. Según El Norte, ambos funcionarios están bajo escrutinio por supuestamente simular operaciones inexistentes utilizando comprobantes fiscales apócrifos.
María Elena Assad Canavati, portavoz del grupo, declaró en un video la necesidad urgente de que ambos funcionarios sean separados de sus cargos durante la investigación. “Hacemos un llamado al Congreso del Estado para que, haciendo uso de sus facultades, destituyan a la contralora del Estado, Teresa Herrera Tello”, afirmó una integrante del grupo, subrayando la preocupación del grupo por la integridad en la gestión de recursos públicos.
Críticas a la contralora estatal
Además de Flores y Morales, la contralora estatal Teresa Herrera Tello también ha sido objeto de severas críticas por parte del Grupo de las Seis. Las integrantes del grupo acusan a Herrera Tello de no cumplir con sus deberes de supervisión y control, argumentando que debería implementar mecanismos preventivos para evitar actos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, revisar la correcta aplicación de los recursos públicos y presentar denuncias cuando corresponda.
El grupo sostiene que la inacción de Herrera Tello ha permitido que las irregularidades fiscales bajo investigación ocurrieran, lo que justifica su solicitud de destitución. Enfatizan la necesidad de una administración estricta y transparente para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta y honesta, algo que consideran no ha sucedido bajo la supervisión de la actual contralora.
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