La crisis por aire sucio en Nuevo León vuelve a encender las alarmas. Las cifras más recientes muestran miles de fallecimientos ligados a contaminación, mientras el gobierno de Samuel García continúa minimizando el impacto. Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crecen sin freno, y especialistas advierten que la población queda expuesta a condiciones que superan por mucho los límites de salud recomendados.
Nuevo León Entre Los Más Afectados
El reporte del IHME situó a Nuevo León en el quinto lugar nacional por muertes vinculadas a partículas PM2.5. La cifra oficial habla de 3,044 fallecimientos en un solo año. Por si fuera poco, el Estado también registró 40 muertes asociadas al ozono. Los datos reflejan un problema sostenido que avanza sin una política clara para reducir emisiones ni un plan que atienda la salud pública.
En este escenario crítico, diversos organismos ciudadanos han insistido en que los niveles de contaminación superan el doble del límite permitido por la Norma Oficial Mexicana. Sin embargo, aun con advertencias constantes, las decisiones estatales siguen sin aterrizar en medidas de control industrial o en sanciones efectivas.
Así, la calidad del aire se ha convertido en un riesgo latente que afecta a familias enteras. Las consecuencias aparecen en hospitales, donde aumentan consultas por problemas respiratorios, cuadros cardiacos y afectaciones neurológicas. La ciudadanía respira un aire que no cumple con estándares mínimos, pero el gobierno continúa con una narrativa que contrasta con la realidad.

Impacto En Salud Y Falta De Respuesta
De las muertes asociadas a PM2.5 en Nuevo León, la mayoría corresponde a enfermedades cardiovasculares, que sumaron 1,679 casos durante 2023. También se registraron fallecimientos por alzheimer, diabetes, padecimientos renales y diversos tipos de cáncer pulmonar. La evidencia científica es contundente: respirar aire contaminado provoca daños acumulativos que afectan incluso a personas jóvenes.
A pesar de ello, la administración estatal ha evitado asumir la crisis como una prioridad. En evaluaciones recientes, la plataforma “Cómo Vamos NL” volvió a reprobar al gobierno de Samuel García en aire limpio. La calificación refleja la falta de acciones que permitan reducir emisiones industriales o controlar fuentes que contaminan de forma constante.
Incluso con el aumento de enfermedades, la respuesta pública ha sido limitada. La población sigue sin acceso a un sistema de alertas efectivo, y continúan proyectos que incrementan la carga ambiental. De hecho, el Estado supera tres veces el límite sugerido por la Organización Mundial de la Salud, sin que esto se traduzca en medidas contundentes.
Nuevo León está entre los cinco Estados del País con más muertes asociadas a las partículas PM2.5, al registrar 3 mil 044 decesos en 2023.#Entérate https://t.co/vfk3SizkA9
— EL NORTE (@elnorte) December 4, 2025
Estudios Señalan Riesgos Crecientes Para La Población
El estudio del IHME advierte que la tasa de mortalidad por contaminación aumentó 20% entre 2021 y 2023. Para Nuevo León, esto implica que el problema se acelera mientras la infraestructura de monitoreo y prevención no crece al mismo ritmo. En municipios del área metropolitana, los niveles de PM2.5 permanecen por encima de lo permitido durante gran parte del año.
Además, investigaciones publicadas por The Guardian y Quinto Elemento Lab revelaron que parte de la contaminación proviene de industrias que reciclan residuos enviados desde Estados Unidos. Esto agrava un escenario ya comprometido, pues añade fuentes que operan sin suficiente revisión pública.
Aun con esta información, no se ha visto una estrategia estatal robusta. La ciudadanía insiste en que las autoridades deben supervisar a la industria, reforzar los controles ambientales y mejorar la comunicación sobre riesgos. Respirar aire de mala calidad no es un problema abstracto: se traduce en enfermedades, hospitalizaciones y muertes evitables.

Exigen Acciones Claras Para Frenar La Crisis Ambiental
Gobierno Estatal Sigue Sin Enfrentar La Emergencia De Fondo
Las organizaciones ambientales han señalado que el discurso oficial no corresponde con el deterioro real. Mientras el gobierno presume avances, la evidencia indica que el aire continúa empeorando. Tampoco hay claridad en las inversiones destinadas a combate de contaminación, monitoreo atmosférico o programas de reducción de emisiones.
Por ello, crece la inconformidad ciudadana. Habitantes del área metropolitana reclaman que la autoridad no actúa con la urgencia que amerita una situación que cobra más de 3,000 vidas al año. Las medidas actuales no alcanzan para revertir la tendencia, y la falta de controles firmes sobre actividades industriales aumenta el riesgo.
A esto se suma una percepción de desinterés político. Para muchos, el gobierno de Samuel García ha concentrado su energía en proyectos de imagen pública mientras deja de lado problemas estructurales que afectan la salud. Los datos muestran que el aire en Nuevo León es uno de los más sucios del país, pero la respuesta no está a la altura de la gravedad del panorama.
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