La Huasteca, una de las áreas naturales más emblemáticas de Nuevo León, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Ciudadanos y especialistas acusan que, pese a una inspección de la Profepa, la dependencia no clausuró los desmontes en el terreno donde el Gobierno del Estado pretende construir la Cortina Rompepicos 2. La falta de acciones concretas ha generado críticas hacia las autoridades, a quienes se les señala por permitir que continúe una obra con graves irregularidades.
El colectivo Un Río en el Río, integrado por especialistas y ciudadanos defensores del medio ambiente, denunció que las afectaciones en la zona son evidentes. La construcción de este proyecto amenaza con dañar ecosistemas clave, poniendo en riesgo especies únicas y la integridad del propio Río Santa Catarina, considerado un símbolo de identidad natural para el estado.
La organización insistió en que la Profepa no solo debía constatar los daños, sino proceder de inmediato a clausurar las actividades y notificar a la Semarnat sobre la falta de permisos. La omisión de la dependencia federal ha sido interpretada como un acto de complicidad con el avance de una obra que, aseguran los activistas, “ni resuelve de manera integral el problema de inundaciones ni respeta las leyes ambientales vigentes”.
La Huasteca bajo presión
La Huasteca es reconocida como un pulmón verde de la zona metropolitana y un espacio vital para la preservación de la biodiversidad. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado una presión creciente debido a proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno estatal.
El caso de la Rompepicos 2 se suma a una larga lista de polémicas que incluyen cambios en el uso de suelo, construcción de presas y planes de urbanización. Para el colectivo Un Río en el Río, lo que ocurre ahora representa un nuevo episodio de deterioro, con la diferencia de que, en esta ocasión, los daños son visibles y documentados.
El grupo denunció que, en el cerro conocido como El Picacho de la Botella, dentro del Cañón de la Escalera, se registraron desmontes en un área aproximada de 231 metros cuadrados. Estas acciones coinciden con la preparación del terreno para levantar estructuras de concreto relacionadas con la cortina.
“Después de semanas de exigencia ciudadana, por fin se inspeccionó el sitio de la Rompepicos 2 en El Caracol”, señalaron en un comunicado. “Ahora exigimos que la Profepa actúe de inmediato, detenga el desmonte y se notifique a la Semarnat sobre este inicio ilegal de obra”.
Irregularidades y omisiones detectadas
De acuerdo con el acta en materia de impacto ambiental levantada por la Profepa, se confirmó la presencia de Agua y Drenaje de Monterrey, junto con consultores del proyecto, en la zona desde julio. Esto refuerza la sospecha de que la obra comenzó antes de contar con todas las autorizaciones necesarias.
Las coordenadas registradas en la inspección coinciden con los puntos donde ya se han colocado estructuras de concreto, lo que sugiere un avance significativo en el proyecto. Pese a ello, la dependencia federal se limitó a dejar documentación sobre su visita sin emitir sanciones inmediatas ni suspender los trabajos.
Para los colectivos ciudadanos, esta actitud resulta inaceptable. Señalan que la Profepa tiene la obligación de proteger los ecosistemas y velar por el cumplimiento de la ley, no solo de observar lo que ocurre en el terreno. La falta de una clausura formal alimenta la percepción de que existe un trato blando hacia el Gobierno estatal y, en particular, hacia el gobernador Samuel García, principal impulsor de la obra.
Críticas al proyecto Rompepicos 2
El proyecto de la Cortina Rompepicos 2 ha sido presentado como una solución para mitigar inundaciones en la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, expertos en gestión del agua y medio ambiente advierten que se trata de una estrategia limitada y que no aborda de forma integral el problema.
En lugar de diseñar un plan de manejo del Río Santa Catarina que contemple obras de conservación, restauración de cauces y protección de áreas naturales, se ha optado por una infraestructura que altera directamente el entorno y que podría tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad.
Además, colectivos ciudadanos han cuestionado la falta de transparencia con la que se ha manejado el proyecto. Hasta el momento, no se han presentado públicamente estudios técnicos completos que justifiquen la viabilidad de la obra ni los planes de compensación ambiental en caso de daños.
“Este proyecto avanza entre irregularidades y daños evidentes. No solo se está destruyendo vegetación, sino que se pone en riesgo un patrimonio natural que debería ser protegido”, afirmaron los activistas.
Avanza Samuel con ilegalidades contra la Huasteca. El colectivo Un Río en el Río denunció que, pese a una inspección, Profepa no clausuró desmontes en donde se planea la Cortina Rompepicos 2. Acusan daños a ecosistemas irreversibles.
— La Silla Regia (@silla_regia) August 29, 2025
¿Por qué no le importa a Samuel? pic.twitter.com/k7xK6S7RKc
La Huasteca como patrimonio en riesgo
El caso de la Rompepicos 2 también ha abierto el debate sobre el papel del Estado en la protección de áreas naturales. Para muchos ciudadanos, la Huasteca no debería ser vista como un espacio disponible para proyectos de infraestructura, sino como un patrimonio ambiental que requiere planes de conservación a largo plazo.
En este sentido, las denuncias contra la Profepa reflejan una preocupación mayor: la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la protección de los ecosistemas. Mientras el Estado impulsa obras millonarias, la federación parece mostrarse pasiva o complaciente, dejando a los colectivos ciudadanos la tarea de visibilizar los daños.
La exigencia de clausura inmediata de los desmontes y la notificación a la Semarnat es solo el primer paso en la defensa de este territorio. Los especialistas advierten que, de no frenarse ahora, el proyecto avanzará sin los controles adecuados, generando un precedente peligroso para futuras intervenciones en áreas protegidas.
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