La Huasteca se ha convertido nuevamente en el epicentro de la polémica ambiental en Nuevo León. En las últimas semanas se han documentado daños visibles en el Cañón de las Escaleras, donde un tramo de aproximadamente 60 metros fue devastado: tierra removida, troncos cortados y vegetación arrancada. El escenario coincide con la zona en la que el Gobierno estatal planea levantar la polémica obra Rompepicos 2, un proyecto que ha dividido opiniones entre colectivos ambientalistas, autoridades y ciudadanos.
La preocupación crece porque, mientras los daños al ecosistema son evidentes, las autoridades involucradas parecen deslindarse de responsabilidades. Por un lado, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) asegura que no realizó tal desmonte y que sus actividades en la zona se limitaron a “estudios complementarios” solicitados por la Semarnat. Por el otro, la Profepa admite que no pudo inspeccionar formalmente porque no obtuvo la autorización del propietario del predio, lo que deja un vacío de claridad sobre quién permitió y ejecutó los trabajos.
El tema se ha convertido en una muestra del choque entre el desarrollo urbano y la defensa del medio ambiente, con el gobernador Samuel García en el centro de las críticas por impulsar proyectos que, a juicio de expertos y colectivos, ponen en riesgo a una de las principales áreas naturales de la entidad.
Huasteca con daños visibles
Los reportes periodísticos y ciudadanos coinciden en que el daño a la Huasteca es innegable. En el Cañón de las Escaleras, parte del cerro conocido como El Picacho de la Botella, se aprecian claros signos de devastación: ramas secas, troncos recién cortados y tierra expuesta en un terreno donde además se observan marcas de mediciones técnicas. Dichos trabajos, según especialistas, son característicos de la preparación de un terreno para la construcción de un dique o cortina, justamente lo que contempla el plan de Rompepicos 2.
Incluso en el lugar se encontró un acta de la Profepa elaborada el 14 de agosto. El documento señala que inspectores acudieron al sitio para realizar una verificación, pero que al intentar notificar a los trabajadores presentes, éstos afirmaron no estar autorizados para recibir documentos. El acta menciona la presencia de un camión de volteo con placas RJ-4897-B y emblemas de AyD, aunque el organismo estatal insiste en que no ejecutó ningún desmonte.
La contradicción entre la evidencia física y las posturas oficiales genera más preguntas que respuestas. Mientras los daños permanecen a la vista, ninguna autoridad reconoce haber iniciado los trabajos.
🏛️ El gobierno de #NuevoLeón 🟡, a través de Servicios de #AguaYDrenaje 🚰, inició la construcción de la Rompepicos 2 🏗️ en la #Huasteca, sin contar con la autorización de la #Semarnat, señaló la organización ambiental Un Río En #ElRío ♻️. pic.twitter.com/eguNvznv3w
— Ojo Clínico News (@ojocliniconews) August 4, 2025
Respuesta de AyD y Profepa
La postura de Agua y Drenaje ha sido clara en deslindarse de responsabilidades. En un comunicado oficial, aseguró que no realizó ningún desmonte ni tala en el área de la Huasteca, sino que sus labores se limitaron a estudios técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto. Afirmó que tales actividades no constituyen obras de construcción ni una intervención irreversible del terreno.
Sin embargo, la coincidencia entre el área devastada y las coordenadas del plan de Rompepicos 2 despierta suspicacias. Los troncos cortados y la vegetación removida aparecen justamente en el perímetro donde AyD proyecta construir el dique.
Por su parte, la Profepa dejó constancia de que no pudo realizar una inspección completa porque no localizó al propietario del predio, requisito indispensable para continuar con el procedimiento. Esta falta de capacidad para intervenir alimenta la percepción de impunidad, pues mientras se resuelven formalismos legales, los daños ambientales avanzan sin control.
La ausencia de claridad alimenta la crítica ciudadana hacia el Gobierno estatal y hacia el propio gobernador Samuel García, quien sigue apostando por un proyecto que muchos consideran innecesario y de alto impacto ecológico.
Proyecto Rompepicos 2 bajo crítica
El proyecto de Rompepicos 2 ha sido señalado desde su concepción como un plan polémico. La obra, planteada para reforzar la infraestructura hidráulica del estado, tendría como propósito reducir el riesgo de inundaciones en el área metropolitana. Sin embargo, expertos y ambientalistas advierten que su ejecución implicaría un grave daño para la Huasteca, un espacio emblemático para Nuevo León tanto por su riqueza natural como por su atractivo turístico y recreativo.
El recuerdo del Rompepicos original, construido hace años con resultados cuestionados, ha hecho crecer las dudas sobre la necesidad y efectividad de esta segunda versión. Colectivos ambientales sostienen que más que proteger a la ciudadanía, el proyecto obedece a intereses políticos y de imagen, pues se presenta como una gran obra de infraestructura en medio de crecientes críticas al gobierno.
El hecho de que ya existan daños visibles en la zona sin que haya permisos claros o responsables identificados despierta aún más alarma. Para los colectivos, se trata de una muestra de cómo las autoridades avanzan de facto en el proyecto sin garantizar estudios ambientales completos ni socializar adecuadamente la información con la población.
Ciudadanía exige claridad y protección
Frente a este panorama, las voces ciudadanas y de colectivos ambientalistas han comenzado a alzarse con mayor fuerza. Denuncian que el desmonte en la Huasteca es un ejemplo del descuido con el que las autoridades tratan un área natural clave para Nuevo León. Más allá del proyecto Rompepicos 2, reclaman que se establezcan políticas claras de protección y vigilancia que eviten la devastación progresiva del entorno.
El llamado también se dirige a la Conagua, para que se pronuncie sobre el futuro de la zona y sobre el impacto que tendría la construcción de un nuevo dique en la Huasteca. Hasta el momento, no existe una resolución definitiva que garantice la protección del área.
Mientras tanto, los daños ya hechos permanecen y se convierten en un recordatorio del riesgo de perder uno de los espacios naturales más importantes del estado. Para muchos ciudadanos, el silencio y la evasión de responsabilidades son tan preocupantes como la devastación misma.
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