La presunta extorsión de Samuel García contra el sector industrial ha desatado un escándalo de corrupción en la entidad. La empresa Matrimar denunció que autoridades intentaron clausurar sus plantas tras negarse a pagar sobornos estatales. Este esquema de la extorsión de Samuel utiliza el acoso institucional para presionar a los empresarios de Nuevo León. Según los afectados, el gobierno exige sobornos estatales millonarios en efectivo, afectando la competitividad de Nuevo León.
Acoso Institucional Y Llamadas Sospechosas
La empresa Matrimar alzó la voz contra lo que califica como una persecución sistemática por parte del Ejecutivo estatal. De acuerdo con un comunicado oficial, la compañía recibió una llamada de una persona allegada al gobernador para exigir un pago ilegal. Al rechazar esta propuesta, autoridades estatales se presentaron a la 1:00 AM en las instalaciones de Cerralvo para intentar una clausura.
Este tipo de visitas atípicas en plena madrugada han sido señaladas como una táctica de intimidación recurrente. La empresa asegura que no cederá ante los intentos de exigir pagos millonarios al margen de la ley. No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente negó haber realizado nuevas inspecciones, lo que aumenta la confusión y la falta de transparencia en los procesos oficiales.
La situación ha generado una ola de críticas por el uso faccioso de las instituciones públicas para fines recaudatorios ilícitos. Los empresarios denuncian que se utiliza el pretexto ambiental para castigar a quienes no acceden a las peticiones del círculo cercano al mandatario. Este “acoso despiadado” pone en entredicho la honestidad que el gobierno de Nuevo León presume en sus campañas de comunicación.
🚨 FUERTE SEÑALAMIENTO EN N.L.
— Arturo Rodríguez (@Arturo_Rdgz) February 11, 2026
La empresa MATRIMAR denuncia que el gobierno de @samuel_garcias le habría solicitado pagos millonarios para operar. Al negarse, fueron clausurados durante la madrugada. El conflicto suma más de un año sin resolverse.https://t.co/7XxOLvgAGw pic.twitter.com/iteWQ5gsUY
Moches Para El Mundial Y Presión Fiscal
No es la primera vez que surge una acusación de esta magnitud contra la administración emecista. Durante el año pasado, diversos dueños de pedreras señalaron que el Estado los asfixia con auditorías y multas injustificadas. El objetivo real de estas presiones sería forzar aportaciones económicas para financiar las obras relacionadas con el Mundial 2026.
La extorsión de Samuel García parece ser un secreto a voces entre los industriales que temen represalias si no colaboran con el gobierno. La exigencia de sobornos estatales se ha convertido en un obstáculo para la inversión y la generación de empleo en la región. En Nuevo León, la seguridad jurídica de las empresas está siendo pisoteada por intereses políticos y ambiciones económicas personales.
Incluso organismos empresariales han advertido que el aumento de impuestos y las cargas fiscales son otra forma de presión institucional. Los empresarios de Nuevo León se sienten acosados por una administración que los ve como fuentes de financiamiento para sus proyectos de relumbrón. Esta falta de ética gubernamental daña profundamente la relación entre el sector productivo y el Estado.
Consecuencias De La Extorsión De Samuel En La Industria
El caso Matrimar es un ejemplo claro de cómo la extorsión de Samuel García afecta la estabilidad de cientos de familias. Al intentar clausurar empresas por no pagar sobornos estatales, se pone en riesgo el sustento de los trabajadores regios. La compañía afectada ya ha iniciado procesos penales para perseguir estas conductas que consideran delictivas y abusivas por parte de la autoridad en Nuevo León.
Resulta contradictorio que el gobierno busque atraer inversión extranjera mientras extorsiona a la industria local establecida. La confianza de los inversionistas se desploma cuando se enteran de que deben pagar cuotas ilegales para poder trabajar sin ser clausurados. La extorsión de Samuel es un lastre que impide que el estado alcance su máximo potencial económico y social.
Los tribunales han tenido que intervenir en repetidas ocasiones para otorgar amparos a las empresas acosadas por el gobierno estatal. Sin embargo, la administración de Nuevo León parece ignorar estas resoluciones judiciales, insistiendo en sus prácticas de hostigamiento nocturno. El uso de la fuerza pública para cobrar sobornos estatales es una mancha que difícilmente se borrará de esta gestión.
Certeza Jurídica Frente Al Acoso Institucional
La lucha de Matrimar representa la resistencia de un sector que ya no está dispuesto a tolerar los abusos del poder. Exigir certeza jurídica es un derecho básico para cualquier unidad productiva que cumple con las normas en Nuevo León. La extorsión de Samuel García debe ser investigada a fondo por autoridades federales para garantizar que el estado de derecho prevalezca.
Los ciudadanos y empresarios exigen que la Secretaría de Medio Ambiente actúe bajo criterios técnicos y no bajo consignas de venganza política. Si una empresa incumple, debe ser sancionada conforme a la ley, no mediante llamadas de “amiguitos” del gobernador pidiendo dinero. La transparencia es la única vía para limpiar la imagen de una administración que hoy huele a corrupción y moches.
Finalmente, el sector industrial de Nuevo León hace un llamado a la unidad para denunciar cualquier intento de cobro ilegal. La prosperidad del estado depende de que las reglas sean iguales para todos y no dependan de la voluntad de un extorsionador. La resolución de estas denuncias contra Samuel García marcará un precedente vital para el futuro democrático y económico de la entidad.
