Para muchas familias en Nuevo León, el incremento en sus recibos de agua no ha pasado desapercibido. Desde marzo de 2022, los cobros por el servicio se han elevado de forma constante, llegando hasta un 70 por ciento en algunos casos. Sin embargo, más allá del impacto económico, lo que ha generado mayor controversia es la forma en que se aprobó este aumento.
El alza no fue producto de una decisión consensuada entre los miembros del Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD). De hecho, varios de ellos —incluidos representantes empresariales y legislativos— expresaron abiertamente que no contaban con la información necesaria para tomar una decisión informada. Ante la falta de condiciones para el análisis, se abstuvieron de votar. Aun así, el gobernador Samuel García utilizó su voto de calidad como presidente del Consejo para imponer la medida.
Un incremento sin respaldo claro
La tarifa de agua en Nuevo León no se modificó por una decisión unánime ni por una recomendación técnica colectiva. Fue una decisión impuesta desde el Poder Ejecutivo, aun cuando la mayoría de los consejeros se abstuvo de votar. Las actas de esa sesión revelan que el tema fue presentado sin tiempo suficiente para ser evaluado.
La reunión se llevó a cabo el 7 de marzo de 2022. A pesar de que representantes de Caintra, Canaco, Caprobi y el Congreso local habían pedido previamente que se les entregara la información con al menos tres días de anticipación, el Gobernador convocó con urgencia y presentó su propuesta. Su argumento fue que necesitaba una resolución inmediata para presentar ante el Presidente de la República en una reunión próxima, donde se abordaría la situación hídrica en el estado.
La urgencia no fue compartida por los demás. El diputado Javier Caballero, representante del Congreso local, dijo que no podía votar sin consultar con los otros legisladores. Los demás abstencionistas hicieron comentarios similares. Sin embargo, la sesión continuó y, frente al empate, Samuel García ejerció su doble voto y aprobó el ajuste.
Incrementos, actualizaciones y nueva cuotas de #AguayDrenaje encarecen hasta 70% el servicio para la mayoría de usuarios domésticos. #ElNorteLocal https://t.co/yI3Az9psRr
— elnortelocal (@elnortelocal) June 9, 2025
Tarifas del agua aumentaron progresivamente
El resultado ha sido evidente en los bolsillos de los ciudadanos. El incremento en los recibos no fue inmediato, sino acumulativo. Primero se autorizó un ajuste de entre el 10 y el 40 por ciento, y luego se sumó una cuota de saneamiento equivalente al 12.5% del consumo total. Con estas dos modificaciones, muchas viviendas han visto dispararse el monto total de sus pagos mensuales por el servicio básico.
Este nuevo cobro por saneamiento fue aprobado por la mayoría de los consejeros en una sesión posterior, con el argumento de que era necesario para garantizar la sostenibilidad del servicio ante la crisis del agua. Sin embargo, también fue una medida cuestionada por su falta de previsión social. En un contexto económico ya difícil para muchas familias, la decisión terminó por agravar la carga financiera.
Una decisión que genera desconfianza
Más allá del impacto económico, la manera en que se tomó esta decisión ha generado críticas por parte del sector privado y legislativo. Jaime Rodríguez, de Caintra, fue claro al señalar que el tiempo para el análisis era insuficiente y que no podían avalar un aumento sin conocer todos los elementos. Otros miembros del Consejo expresaron preocupaciones similares, pero sus voces fueron ignoradas.
El hecho de que el gobernador se haya valido de su voto de calidad para romper el empate y aplicar la medida sin consenso, ha sido visto como un acto autoritario que deja de lado el papel deliberativo del Consejo. Este tipo de decisiones, aunque legales, erosionan la confianza en los procesos de consulta y participación institucional.
A la fecha, no se ha informado si habrá nuevas revisiones o ajustes a la tarifa, ni si se implementarán mecanismos para mitigar los efectos del aumento. Tampoco se ha detallado si los recursos adicionales recaudados se han destinado específicamente a infraestructura hídrica o programas de mitigación de la sequía.
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