Crece la polémica por uso de recursos públicos
El gobierno de Nuevo León enfrenta cuestionamientos por destinar millones de pesos al rubro de comunicación social, mientras persisten problemas graves en seguridad, transporte e infraestructura. Organizaciones y especialistas en transparencia advierten que la falta de información clara sobre este gasto alimenta la percepción de opacidad y uso político de los recursos.
Un presupuesto que no se refleja en la realidad
Aunque el monto asignado a comunicación social ha sido considerable, la ciudadanía no percibe una mejora sustancial en la difusión de información pública ni en la rendición de cuentas. Por el contrario, se señala que gran parte de estos recursos podría estarse utilizando para proyectar la imagen del gobernador, más que para fortalecer la transparencia gubernamental.
Prioridades cuestionadas por expertos
De acuerdo con analistas, cada peso invertido en propaganda institucional es un peso que deja de invertirse en atender necesidades urgentes como transporte público, atención médica, seguridad o infraestructura vial. La preocupación aumenta ante la falta de informes detallados que especifiquen el destino de este dinero.
Mientras otros sectores como salud y seguridad sufren falta de presupuesto, el gobernador lo tiene ilimitado para darse autopromoción en panorámicos y redes sociales, incluso en otros estados. Periodistas señalan que gasta 1 millón 300 mil al día en “comunicación social”. 💸 pic.twitter.com/AMghc32y3K
— La Silla Regia (@silla_regia) August 12, 2025
Antecedentes de críticas en manejo de recursos
No es la primera vez que la administración de Samuel García es señalada por el manejo de fondos públicos. En el pasado, también recibió críticas por trasladar recursos de la red estatal de carreteras a su propia tesorería, decisión que en su momento generó inquietud por la posible desviación de objetivos presupuestales.
Llamado a la transparencia
Diversas voces exigen al gobierno estatal publicar información precisa y verificable sobre los contratos, proveedores y campañas financiadas con el presupuesto de comunicación social. Sin este ejercicio de rendición de cuentas, advierten, persistirá la sospecha de que el gasto responde más a fines políticos que al derecho ciudadano de estar informado.
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