Una investigación encubierta realizada por una periodista de El Norte ha sacado a la luz un presunto operativo electoral dirigido por el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, y operado desde Movimiento Ciudadano (MC), su partido. La denuncia documenta presiones sistemáticas a empleados estatales y maestros, a quienes se les ordena participar en un esquema de captación de votos para favorecer a jueces afines a la administración actual, con miras a las próximas elecciones del Poder Judicial.
Según la investigación, a los trabajadores se les exige reunir hasta diez credenciales de elector de familiares o conocidos, y asistir a sesiones donde se les instruye sobre cómo operar durante los comicios. En estas capacitaciones se entregan “acordeones” —listas con los nombres de los candidatos que deben apoyar— y se les advierte que deberán comprobar su participación con fotografías de sus boletas de votación junto con un código QR.
La operación fue verificada gracias a la infiltración de una periodista que logró ingresar, sin ser detectada, a una de las sesiones organizadas por Movimiento Ciudadano en la Casona Mier, ubicada en el centro de Monterrey. En ese espacio, según el testimonio recabado, los asistentes —burócratas de distintas secretarías y personal docente de instituciones como la UANL y el CONALEP— fueron reunidos en horario laboral para recibir instrucciones sobre el mecanismo de reclutamiento de votantes.
Sesiones secretas y exigencias indebidas
De acuerdo con el reporte periodístico, las reuniones fueron encabezadas por figuras cercanas a Movimiento Ciudadano, como Mayela Chapa, ex candidata a diputada local por el Distrito 14. También participaron otros operadores políticos ligados al dirigente estatal del partido, Baltazar Martínez. Durante las sesiones, los participantes debían registrar los datos de diez personas dispuestas a votar según las indicaciones del partido. La meta, según se les informó, era garantizar la elección de jueces y magistrados “alineados” a los intereses del actual gobierno estatal.
Los asistentes, que acudieron bajo instrucciones de sus superiores, fueron advertidos de que el proceso de captación iba “muy mal” y se les insistió en la importancia de acelerar la recolección de INEs. Para controlar el cumplimiento del operativo, se solicitaron fotografías de las credenciales de elector, las cuales serían analizadas para comprobar que pertenecieran a ciudadanos inscritos en los distritos clave.
El grado de control llegó al punto de que se instruyó a los empleados a no pedir más “acordeones” de los necesarios, pues si recibían 15, deberían devolver evidencia de 15 votos, de lo contrario habría consecuencias. El discurso transmitido fue claro: cada trabajador debía entregar resultados tangibles, lo que implicaba la movilización de ciudadanos con nombres y secciones electorales perfectamente identificadas.
El audio filtrado de la sesión, difundido posteriormente por El Norte, confirmó las amenazas implícitas a quienes no cumplieran con las expectativas del operativo. También quedó en evidencia el uso de instalaciones del partido para actos que comprometen la neutralidad del proceso electoral en una institución tan delicada como el Poder Judicial.
Implicaciones legales y éticas
La revelación de este presunto plan de manipulación electoral ha encendido las alarmas en varios sectores, no solo por la ilegalidad que implicaría el uso de recursos humanos del estado para fines partidistas, sino también por la dimensión que ha alcanzado la operación. Según los testimonios recogidos por la periodista infiltrada, el plan abarca instituciones educativas, dependencias públicas y estructuras gubernamentales que están siendo utilizadas para beneficiar políticamente al partido en el poder.
De comprobarse que funcionarios públicos participaron activamente en la inducción del voto, estaríamos ante un caso de coacción electoral que podría derivar en sanciones administrativas, inhabilitaciones e incluso procesos penales. La Constitución mexicana prohíbe expresamente el uso de recursos del Estado para favorecer a partidos o candidatos, así como cualquier forma de presión sobre los trabajadores públicos en procesos electorales.
Además, la interferencia en la elección de jueces compromete gravemente la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La imposición de magistrados “a modo” no solo socava la confianza en las instituciones, sino que amenaza la imparcialidad en la administración de justicia.
Organismos civiles, analistas y abogados han comenzado a exigir investigaciones independientes sobre lo expuesto por El Norte, advirtiendo que permitir este tipo de prácticas sin consecuencias sienta un precedente peligroso para el sistema democrático en Nuevo León y en el país.
Movimiento Ciudadano guarda silencio
A pesar de la magnitud de las acusaciones, ni el gobernador Samuel García ni los principales dirigentes de Movimiento Ciudadano han ofrecido declaraciones públicas para desmentir o aclarar los hechos. Hasta ahora, el partido no ha emitido una postura oficial respecto al contenido del reportaje, las grabaciones filtradas o las denuncias que podrían derivarse de esta investigación.
Algunos de los implicados en las reuniones han evitado responder a los medios, y otros han señalado que simplemente “siguen órdenes” y que no tienen injerencia en las decisiones políticas. Sin embargo, el reportaje indica que los operadores del plan electoral se identificaron como parte del equipo político de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, lo que sugiere un vínculo directo entre la cúpula partidista y la ejecución del operativo.
La Casona Mier, sitio donde ocurrieron las reuniones, luce una placa con la leyenda “Fosfo Fosfo”, en referencia directa a la imagen pública impulsada por el gobernador, lo que refuerza la percepción de que se trata de una estructura estrechamente conectada con el gobierno estatal.
La falta de pronunciamientos ha sido interpretada como una señal de opacidad, y diversos actores de la sociedad civil han pedido que la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Estatal Electoral investiguen de oficio los hechos revelados.
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