El Gobierno de Nuevo León ha quedado nuevamente bajo la lupa, esta vez por asignar un contrato millonario a una empresa con antecedentes irregulares. Se trata de Ego Móvil, una compañía que permaneció inactiva durante 19 años y que, pese a su falta de experiencia en transporte, fue seleccionada para arrendar 600 camiones por un monto de 3,300 millones de pesos. Este caso, además de despertar sospechas por las irregularidades en su adjudicación, se suma a una serie de movimientos financieros cuestionables detectados en la administración de Samuel García.
Empresa inactiva y entrega incompleta
Ego Móvil, fundada en 2004, no había registrado actividad económica significativa hasta mediados de 2023, cuando fue reactivada justo antes de la licitación del contrato para renovar el sistema de transporte público en el estado. La empresa ofreció arrendar 600 camiones, pero hasta el momento solo ha entregado 328 unidades, lo que representa apenas el 55% de lo prometido.
Más allá de la escasa entrega, los detalles de la compañía son alarmantes. Su domicilio fiscal se encuentra en una casa particular en Querétaro, y su representante legal carece de experiencia en el sector transporte. Pese a ello, logró superar en la licitación a empresas reconocidas, como Volvo, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Las inconsistencias en su historial hacen difícil justificar cómo una empresa sin trayectoria comprobable recibió un contrato de tal magnitud.
Antecedentes de desvíos millonarios en Nuevo León
El caso de Ego Móvil no es un hecho aislado en la administración de Samuel García. Investigaciones previas han señalado triangulaciones financieras irregulares que involucran a su despacho familiar. Según reportes, el despacho jurídico donde el gobernador posee una participación del 50% habría recibido 202.9 millones de pesos por servicios no especificados. Además, el Sistema DIF estatal transfirió 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, una empresa también cuestionada por operaciones sospechosas y vínculos con el mismo despacho.
Estas transacciones forman parte de un patrón que sugiere una gestión opaca en el manejo de los recursos públicos. En agosto de 2023, otro caso relacionado salió a la luz: la compra de 18 hectáreas en San Pedro, valuadas en 700 millones de pesos, que no aparecían en la declaración patrimonial más reciente del gobernador. Este conjunto de irregularidades ha puesto en entredicho la credibilidad del gobierno estatal.
Las implicaciones para Nuevo León
El contrato otorgado a Ego Móvil no solo pone en evidencia posibles actos de corrupción, sino que también afecta directamente al sistema de transporte público, una de las áreas más críticas para el desarrollo urbano de Nuevo León. La entrega incompleta de los camiones prometidos agrava las ya de por sí precarias condiciones del servicio, afectando a miles de ciudadanos que dependen de este medio para sus desplazamientos diarios.
A nivel político, este caso se suma a una creciente lista de controversias que han marcado la gestión de Samuel García. Su administración enfrenta un escrutinio constante debido a la percepción de favoritismo hacia empresas sin historial sólido y la falta de transparencia en la asignación de recursos. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas claras y la implementación de medidas que garanticen el correcto uso del presupuesto estatal.
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