La eliminación del pago en efectivo en los camiones de Samuel García se ha convertido en un tema de alta preocupación social y un foco de debate público. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) ha levantado la voz para advertir que la política actual, que obliga a los usuarios a pagar únicamente mediante medios digitales, atenta contra los derechos de grupos vulnerables y promueve un modelo de movilidad excluyente.
En un estado donde las necesidades de movilidad son tan diversas como su población, imponer una única forma de pago sin considerar el acceso real de los ciudadanos a la tecnología digital ha desatado críticas y protestas. Adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes se han convertido en los principales afectados de una medida que, bajo el discurso de modernización, ha terminado marginando a miles.
Afectaciones a grupos prioritarios
El pasado 25 de junio, la CEDHNL presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar varios artículos de la Ley de Movilidad estatal. El objetivo: garantizar el derecho de las personas a decidir su forma de pago en el transporte público. La propuesta surge luego de que la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial eliminara el pago en efectivo, dejando como únicas opciones la tarjeta “Me muevo” y la aplicación “Urbani”.
Esta decisión no solo ha traído incomodidades, sino que ha creado barreras directas al acceso. Muchos adultos mayores no poseen teléfonos inteligentes, y entre quienes sí los tienen, no todos logran entender o utilizar aplicaciones como Urbani. La señora Lydia Reyna, una usuaria de edad avanzada, compartió que antes contaba con una tarifa preferencial que ya no existe y ahora, además de enfrentar problemas económicos, debe esperar más tiempo para acceder a una unidad que acepte efectivo, si es que la encuentra.
Personas con discapacidad también se han visto severamente impactadas. Según el Banco de México, las personas con discapacidad visual, por ejemplo, dependen de billetes y monedas que pueden identificar por características físicas, como tamaño y textura. La digitalización forzada les arrebata esta autonomía y los expone a mayores riesgos económicos y de exclusión.
María Mercedes, usuaria de silla de ruedas, relató las múltiples dificultades que enfrenta: la falta de rampas adecuadas, la negativa de los conductores a detenerse y la imposibilidad de usar la app debido a la falta de datos móviles o dispositivos adecuados. “La modernización no sirve si me deja fuera. No sé para qué modernizan si yo no puedo subir sola”, afirmó con frustración.
Camiones de Samuel García aumentan discriminación
El impacto de esta política no termina ahí. La comunidad estudiantil también ha sido afectada. Actualmente, solo estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tienen acceso a tarifas preferenciales. Los demás alumnos universitarios y los de niveles básicos, como secundaria, se ven obligados a pagar tarifas completas sin posibilidad de descuentos, lo que afecta su economía y limita su acceso al transporte.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), más de 24 millones de personas en México no cuentan con un teléfono celular. Imponer el pago digital como única opción en el transporte público se convierte en una traba para millones, especialmente en un contexto donde la tecnología aún no es universalmente accesible ni asequible.
La CEDHNL enfatizó que el cobro digital exclusivo no solo representa una barrera técnica, sino también una violación al derecho de movilidad y al principio de no discriminación. La dependencia afirmó que el acceso al transporte público es un derecho básico que no debería estar condicionado al nivel socioeconómico ni a la capacidad de usar tecnología.
Durante una audiencia pública celebrada el 24 de junio, diversas personas afectadas narraron sus experiencias y las dificultades cotidianas que enfrentan. Entre las principales quejas se encuentran la imposibilidad de recargar las tarjetas en ubicaciones accesibles, la dependencia de la conexión a internet y el costo adicional de adquirir dispositivos móviles o datos.
Acciones legales y respuestas oficiales
La inconformidad ha derivado en acciones legales. En mayo de 2024, la CEDHNL emitió la recomendación 09VG/2024, en la que señaló que el modelo actual violenta al menos 15 derechos fundamentales, incluidos los de movilidad, vida digna, salud, educación y trabajo. Asimismo, se apuntó que la política afecta de manera particular a personas con discapacidad, infancias y adolescencias.
Colectivos ciudadanos han presentado amparos para frenar el aumento de tarifas y la imposición del pago digital. En diciembre de 2024 y enero de 2025, se interpusieron demandas que actualmente están en proceso de juicio. Los activistas buscan que se garantice el acceso al transporte público sin discriminación y que se detengan reformas implementadas sin consulta ciudadana.
Un punto especialmente polémico ha sido la concentración de funciones en una sola persona: Abraham Vargas Molina, quien funge como encargado del despacho del Instituto de Movilidad y, simultáneamente, como director de Metrorrey. Este doble rol ha sido señalado por los colectivos como una falta de transparencia y un posible conflicto de interés que agrava la percepción de opacidad en el manejo de la política de transporte.
El gobierno estatal ha minimizado las críticas, argumentando que los activistas no representan al total de usuarios y que Vargas Molina ocupa un cargo honorario. Sin embargo, estas respuestas han sido consideradas insuficientes por la sociedad civil y han aumentado la desconfianza hacia las autoridades.
La eliminación del pago en efectivo no es solo una cuestión de modernización o eficiencia. Es un tema de derechos humanos y de equidad social. Obligar a usar medios digitales sin ofrecer alternativas inclusivas ni garantizar la capacitación adecuada implica marginar a quienes no tienen recursos ni conocimientos para adaptarse.
Frente a un panorama en el que cada vez más sectores quedan fuera del transporte público, la presión social para que se reintroduzca el pago en efectivo crece. La CEDHNL ha dejado claro que esta medida es indispensable para garantizar el acceso igualitario al transporte y evitar la discriminación estructural.
El caso de Nuevo León puede ser visto como un ejemplo de los riesgos de impulsar la digitalización sin un enfoque social. La tecnología debe ser una herramienta para facilitar la vida de las personas, no para excluirlas. Si bien el progreso es importante, este no puede construirse a costa de los derechos fundamentales de los más vulnerables.
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