En un esfuerzo por mantener la transparencia y erradicar las prácticas corruptas en la adjudicación de contratos gubernamentales, las candidatas de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, lideradas por Annia Gómez, Lorena de la Garza, Anita González, Perla Villarreal, Cecilia Robledo y Marcela Cavazos, han arrojado luz sobre cómo las relaciones personales y profesionales del gobernador Samuel García han incidido en la selección de proveedores.
El ascenso sospechoso de un ex empleado a una figura influyente
En una rueda de prensa reciente, se ha detallado el caso de Miguel Ángel Rojas Galván, quien ha pasado de ser empleado de Samuel García a convertirse en una figura central en la administración estatal, siendo acusado de desviar fondos públicos en beneficio del gobernador. Desde su posición como Director General Jurídico Tributario del Gobierno de Samuel García, Rojas Galván facilitó la asignación de contratos millonarios a ECM Soluciones Fiscales, empresa vinculada a la familia del gobernador, por un valor que supera los 140 millones de pesos.
La red de contratos de Samuel bajo escrutinio
Sin embargo, este caso no está aislado. Las investigaciones han revelado una red más amplia de contratos, que suman más de 361 millones de pesos, otorgados a ECM Soluciones Fiscales en un período de menos de dos años. Entre las entidades gubernamentales involucradas se encuentran Agua y Drenaje de Monterrey, que desembolsó 187 millones de pesos, y la Secretaría de Finanzas, que destinó cerca de 35 millones a esta empresa.
Estas cifras se suman a los más de 200 millones de pesos que el despacho jurídico del gobernador recibió directamente del gobierno, en relación con el caso de SUMINISTRO MYR, S.A. DE C.V. Se evidencia un patrón preocupante de desvío de recursos que, en lugar de atender las necesidades básicas de la población, parecen beneficiar directamente al círculo cercano al gobernador.
Consecuencias y llamado a la acción contra Samuel García
Las candidatas han expresado su preocupación por el destino de estos recursos, que deberían destinarse a resolver problemas urgentes como la escasez de agua o el aumento de la inseguridad. Se resalta que los posibles delitos asociados con estas prácticas incluyen el ejercicio ilícito de servicio público, el peculado y el tráfico de influencias.
Ante estos hechos alarmantes, las candidatas han exigido una investigación exhaustiva y transparente sobre estos contratos. Invitan a la ciudadanía a mantenerse informada y a demandar rendición de cuentas por parte de las autoridades competentes. Es fundamental que se investiguen a fondo estas acusaciones para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y garantizar la integridad en la gestión de los recursos públicos.
¿Cuáles son las implicaciones legales de estos actos?
Los posibles delitos incluyen ejercicio ilícito de servicio público, peculado y tráfico de influencias.
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