La decisión del Gobernador de cancelar la Tarifa preferencial Nuevo León vuelve a exhibir el estilo político del actual gobierno de Samuel García y la falta de voluntad real para aliviar la crisis económica que viven miles de familias en Nuevo León, especialmente de quienes dependen del transporte público diariamente para estudiar, trabajar o simplemente trasladarse en medio de una ciudad donde moverse se ha vuelto cada vez más costoso.
Un Veto Que Golpea A Quienes Menos Tienen
El veto al decreto aprobado por el Congreso local no es una simple acción jurídica. Es una decisión de impacto directo sobre quienes dependen del transporte público para cumplir actividades básicas de supervivencia cotidiana. Estudiantes, mujeres, adultos mayores y grupos vulnerables serían quienes más hubieran obtenido un alivio real y verificable con las tarifas sociales planteadas. Sin embargo, el Gobernador decidió impedir ese beneficio.
El gobernador Samuel García vetó la tarifa preferencial del transporte público, que se aprobó en el Congreso, el 22 de octubre. 🛑🛑🛑🛑
— LilianaFloresBenavid (@FloresBenavid) November 4, 2025
La justificación utilizada por el Ejecutivo descansa en tecnicismos financieros y supuestos riesgos al equilibrio presupuestal. Pero estos razonamientos no logran sostenerse frente a la realidad diaria: el costo de moverse en Nuevo León es excesivo, creciente y socialmente regresivo. Cada aumento mensual profundiza la desigualdad estructural existente. Y frente a esa realidad, el veto del Gobernador representa negar un mecanismo de protección social legítimo, aprobado democráticamente y con objetivos claros.
El Gobernador Contra La Tarifa Preferencial Nuevo León
El decreto aprobado no era improvisación política. Establecía reglas operativas medibles, con porcentajes, con plazos y con paquetes de viajes que podían hacer una diferencia real y documentable en los bolsillos de miles de personas. Tarifas preferenciales para pases mensuales, tarifa única para transbordos diarios y descuentos garantizados de al menos 25% para sectores vulnerables. Era política pública con diseño. Era respaldo institucional tangible. Era una medida enfocada a la movilidad ciudadana con impacto social directo.
A pesar de eso, el Gobernador decidió bloquearlo.
Esto deja en evidencia que los discursos sobre apoyo directo a estudiantes, descuentos para mujeres o supuestos beneficios universales no tienen correlación real en la práctica ejecutiva cuando existe costo fiscal para el Estado. La movilidad para esta administración se usa como narrativa publicitaria, pero no se consolida como política del territorio real. Cuando implica asumir responsabilidad presupuestal, se cancela.
Nuevo León Es Uno De Los Estados Más Caros Para Transportarse
Los incrementos tarifarios seguirán hasta agosto de 2026 bajo un esquema autorizado previamente. Cada mes 10 centavos más. Cuando el ciclo concluya, el camión costará 17 pesos. Y ese escenario no tiene freno posible. Lo único que podía equilibrar ese impacto era una reforma social como la vetada, pero el Ejecutivo eligió impedirla. Y el efecto es directo: quienes menos tienen, pagarán proporcionalmente más.
Este contraste entre discurso público del Gobernador y la realidad local es cada vez más evidente. Mientras a nivel nacional se presume una visión futurista del Estado, al interior se registran acciones para blindar costos y limitar subsidios. La administración estatal mira la movilidad desde el escritorio fiscal y no desde la calle donde el gasto impacta la calidad de vida real.
Tarifa Preferencial Nuevo León Y La Negación Del Gobierno
Este punto es central. Aquí ya no hablamos únicamente de debate fiscal ni de facultades legales del Ejecutivo. Aquí hablamos de que el Gobierno decidió rechazar la posibilidad de aliviar la carga económica cotidiana de miles de personas. La Tarifa preferencial Nuevo León representaba una herramienta directa para reducir presión social acumulada. Representaba un mecanismo capaz de cerrar brechas económicas generadas no solo por ingreso limitado, sino por el aumento progresivo del costo de moverse.
Cuando el Gobernador rechaza esto, lo que niega es el acceso igualitario a la movilidad urbana. Es un mensaje claro: si el costo sube, es responsabilidad individual pagarlo. Y esto consolida una visión regresiva, donde la movilidad se vuelve barrera económica.
El Veto Es Un Retroceso De Derechos
La movilidad en un Estado metropolitano no puede ser vista como lujo. Es equivalente a conectividad social, acceso a educación, acceso a empleo y acceso a oportunidades. Y este veto es un retroceso porque prioriza supuestas condiciones fiscales no probadas por encima de la necesidad real de equilibrar el impacto del aumento tarifario. Argumentar que la reforma es “redundante” desconoce por completo la tensión acumulada entre costo de vida y costo de movimiento.
El transporte público sin estructura de alivio tarifario agranda la exclusión. Si el costo sube cada vez más, y ese costo recae solo en quien menos tiene, se amplía la desigualdad. La desigualdad no se genera únicamente por ingresos bajos. Se genera también por costos altos no regulados.
El Gobierno Abandona A Grupos Que Necesitan Subsidio
Los sectores que se beneficiarían con esta reforma no son sectores corporativos ni privilegiados. Son grupos vulnerables que necesitan apoyo directo: estudiantes, mujeres, personas de la tercera edad, personas sin posibilidad de movilidad privada. Ante ellos, el Gobierno eligió cerrar la puerta. Eligió austeridad fiscal sobre protección social. Eligió proteger narrativa antes que proteger vida cotidiana.
La reforma representaba una medida de equilibrio social. No implicaba renunciar a orden presupuestal. Implicaba asumir liderazgo responsable para contener desgaste económico real.
Tarifa Preferencial Nuevo León: La Ciudadanía Va A Recordar Esta Decisión
Este veto es acumulativo. Cada aumento mensual recordará que existió una alternativa aprobada y fue bloqueada desde el Ejecutivo. Cada ajuste será memoria. Y cuando el costo del camión llegue al tope de lo establecido, el impacto social será proporcionalmente más alto para quienes menos ingreso tienen.
La memoria política no se construye con discursos aspiracionales. Se construye con decisiones ejecutivas medibles. Y esta decisión tiene una huella clara: el Gobierno decidió no asumir el costo de proteger a quienes más necesitaban alivio.
La administración estatal pudo fortalecer el tejido social y contener efectos de la crisis económica. Pudo consolidar políticas reales de movilidad social. Pudo respaldar lo que presume mediáticamente. Pero eligió bloquearlo. Eligió priorizar cálculo fiscal sobre bienestar colectivo. Y ese es el principal mensaje político que deja este veto.
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