A un año del impacto de la tormenta Alberto, las consecuencias siguen siendo visibles en varios puntos de Nuevo León. Las comunidades rurales de Santiago y Santa Catarina son el rostro más evidente de un abandono prolongado por parte del gobierno estatal. Las carreteras destruidas, los accesos interrumpidos y la incertidumbre de sus habitantes reflejan la falta de acción a pesar de los recursos asignados.
El fenómeno meteorológico golpeó fuerte hace doce meses, dejando infraestructura colapsada y caminos intransitables en zonas serranas. Desde entonces, los trabajos de reconstrucción prometidos por el gobierno de Samuel García simplemente no han llegado. Mientras tanto, los pobladores resisten con soluciones temporales y exigen respuestas claras.
Recursos prometidos, obras inexistentes
En el momento de la tormenta Alberto, el gobierno de Nuevo León anunció la asignación de 180 millones de pesos destinados a las obras de reparación. Sin embargo, a la fecha, los trabajos definitivos no han iniciado. Los habitantes de Laguna de Sánchez, Los Lirios y La Huasteca siguen enfrentando diariamente las mismas afectaciones que dejó la tormenta.
En las carreteras de Santiago, los deslaves y desgajamientos continúan. Muchos tramos siguen siendo de pura terracería, con el riesgo constante de que las lluvias agraven aún más el deterioro. Mientras tanto, los vecinos de las comunidades más alejadas deben buscar rutas alternativas, atravesando incluso el estado de Coahuila, lo que representa traslados de hasta 4 horas para llegar a sus destinos habituales.
Hace un año, la tormenta "Alberto" trajo a NL lluvias extraordinarias, que dejaron a su paso buenas noticias y también un rastro de daños.#ElNorteLocalhttps://t.co/dTatvXlxiu
— elnortelocal (@elnortelocal) June 19, 2025
Reparaciones de emergencia, pero insuficientes
Ante la ausencia estatal, los propios municipios y los residentes han realizado reparaciones provisionales con los recursos que tienen al alcance. En Santiago, el alcalde David de la Peña informó que, junto a empresarios y ciudadanos, han invertido alrededor de 4 millones de pesos en estos arreglos temporales. Sin embargo, se trata únicamente de trabajos básicos de relleno y compactación que solo permiten mantener las vías mínimamente transitables.
Según las estimaciones municipales, la reparación total de los daños costaría al menos 158 millones de pesos, muy cerca de los 180 millones ya aprobados por el gobierno estatal y que hasta el momento siguen sin aplicarse en la zona.
Familias atrapadas en el aislamiento por tormenta Alberto
Más allá de los números, son los habitantes de las comunidades rurales quienes viven diariamente el aislamiento. En lugares como San Antonio de la Osamenta, Canoas, El Tunalillo, Santa Cruz y El Pajonal, la falta de caminos funcionales obliga a las familias a modificar radicalmente sus trayectos para poder salir o recibir suministros.
En otros sectores como Buenos Aires, El Rodeo, Los García, Horcones, Ojo de Agua, San Cristóbal y Nogales, la situación también se agrava con problemas de acceso a servicios básicos, como el agua potable. Las comunidades no solo enfrentan el desgaste físico de los caminos, sino también las limitaciones en su calidad de vida.
El alcalde de Santiago resume la frustración de la región: “He intentado buscar comunicación directa con el Secretario de Movilidad Hernán Villarreal, pero no me ha recibido. Sabemos que existe un presupuesto aprobado, pero acá no ha llegado un solo peso para la Sierra de Santiago.”
El contraste entre la zona metropolitana y la sierra
El caso de la Sierra de Santiago y Santa Catarina vuelve a exponer un viejo problema: la concentración de recursos en el área metropolitana, mientras que las zonas rurales quedan relegadas en las prioridades del estado. Mientras Monterrey y su periferia reciben atención constante, el interior del estado, como las comunidades serranas, enfrenta años de rezago.
El abandono prolongado no solo refleja un problema de falta de infraestructura, sino un riesgo permanente para la seguridad de los habitantes. La vulnerabilidad aumenta con cada temporada de lluvias, y el retraso en las obras solo complica el panorama para las siguientes emergencias.
Las comunidades siguen esperando que el gobierno estatal cumpla su compromiso. Los recursos existen, las necesidades están diagnosticadas y los daños persisten. Lo que falta es decisión política y ejecución efectiva.
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