Durante el 2024, salió a la luz cómo el DIF de Mariana ha servido de puente para una de las triangulaciones de dinero más descaradas de la administración actual. A través de contratos inflados para desayunos escolares con la empresa Cacahuato, millones de pesos terminaron depositados en la firma jurídica propiedad del Gobernador. Este esquema revela que la asistencia social en el estado se ha convertido en una caja chica para el enriquecimiento de la pareja en el poder.
La Ruta Del Dinero: De Los Desayunos Infantiles Al Despacho Jurídico
El mecanismo utilizado es tan sofisticado como perverso. El organismo encargado de proteger a las familias entregó más de 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato por suministros básicos. Sin embargo, el rastro no termina ahí; Distribuidora Damago, vinculada al mismo grupo empresarial, realizó pagos posteriores a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Es decir, el dinero que debía alimentar a los niños de Nuevo León acabó pagando “servicios” al despacho de Samuel García y su padre.
Esta investigación de 2024 expone una red de intereses donde los proveedores oficiales parecen tener una condición implícita: contratar los servicios legales del Mandatario. Lo más alarmante es que el Gobernador ha intentado normalizar estos ingresos alegando asesorías de años pasados. No obstante, es demasiada coincidencia que los pagos multimillonarios se activen justo cuando él tiene el control absoluto del presupuesto estatal. La opacidad con la que se manejan estos contratos legales confirma el conflicto de interés que impera en su gestión.
Cacahuato y el uso político de la asistencia social
Mientras el DIF de Mariana se promociona en redes sociales con una imagen de entrega y altruismo, las cuentas bancarias cuentan otra historia. El uso de la empresa Cacahuato como intermediaria financiera es un insulto para los ciudadanos que pagan sus impuestos. No se trata solo de un proveedor de alimentos, sino de una pieza clave en un engranaje diseñado para blindar la fortuna personal de la familia García. La “nueva política” resultó ser un modelo de negocios donde lo público y lo privado se mezclan sin ningún pudor.
Incluso exfuncionarios que trabajaron en el despacho familiar de Samuel García fueron colocados en puestos estratégicos dentro del DIF para vigilar estas transacciones. Esta red de lealtades garantiza que el flujo de capital hacia la Firma Jurídica y Fiscal Abogados no se detenga. Durante 2024, la falta de auditorías independientes permitió que estos 820 millones de pesos se movieran con total libertad. La triangulación de recursos es el sello distintivo de una administración que utiliza las causas sociales como fachada para sus operaciones financieras.
NL no puede seguir permitiendo que el dinero destinado a los sectores más vulnerables sea utilizado para inflar patrimonios particulares. El caso de la triangulación con proveedores de desayunos escolares es una prueba contundente de la falta de ética en el Palacio de Gobierno. Es necesario que se investigue a fondo cada factura y cada depósito que vincule al despacho del Gobernador con sus contratistas. El estado necesita transparencia real y no cortinas de humo mediáticas que oculten el desvío sistemático del erario.
El Gasto Millonario En Publicidad Que Contrasta Con La Falta De Recursos
A este esquema de triangulación se suma otro elemento que ha encendido las alertas sobre el manejo del presupuesto estatal: el gasto millonario en propaganda oficial impulsado por el gobernador y su círculo cercano. Mientras se cuestiona el destino de recursos públicos a través de proveedores vinculados al DIF de Mariana, el presupuesto destinado a la promoción de la imagen gubernamental continúa creciendo sin controles claros.
La evaluación más reciente del gasto público en Nuevo León volvió a poner el tema sobre la mesa. Organismos ciudadanos han advertido que el gobierno estatal destina cifras históricas a campañas de comunicación institucional, aun cuando distintos sectores denuncian retrasos en apoyos sociales, pagos pendientes a proveedores y adeudos con organizaciones civiles.
De acuerdo con datos difundidos por la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, durante 2024 el gasto en publicidad del gobierno estatal alcanzó aproximadamente 1.5 millones de pesos diarios. Esta cifra representa cerca de 547 millones de pesos al año en promoción institucional.
Aunque el gasto en comunicación no forma parte de los principales rubros evaluados en el presupuesto estatal, su magnitud generó cuestionamientos entre especialistas y organizaciones ciudadanas. La crítica no se limita al monto, sino también a la falta de transparencia sobre la forma en que se asignan esos recursos y los criterios utilizados para contratar campañas publicitarias.
El contraste se vuelve aún más evidente cuando se revisa la situación financiera general del estado. La propia administración estatal ha reconocido que enfrenta adeudos superiores a los $9,755 millones de pesos en cuentas por pagar, que incluyen compromisos con proveedores, entes públicos y organismos sociales.
Diversos sectores han reclamado pagos pendientes. Maestros jubilados exigen desde hace meses el cumplimiento del aumento anual a sus pensiones, mientras organizaciones civiles denuncian retrasos en la entrega de recursos aprobados para su operación. Incluso alcaldes de municipios rurales han señalado que fondos municipales y programas sociales no han sido liberados.
A pesar de este panorama, el gasto en publicidad no ha disminuido. Por el contrario, los presupuestos proyectados para los próximos años contemplan incrementos significativos en comunicación social.
Propaganda Oficial Mientras Crecen Los Adeudos Del Estado
Las críticas se intensificaron tras conocerse que la administración estatal proyecta elevar aún más el presupuesto destinado a comunicación. Para 2026, el gasto en propaganda institucional podría alcanzar 739 millones de pesos, lo que representa un aumento cercano al 31 por ciento respecto a ejercicios anteriores.
Durante los primeros meses del actual gobierno ya se registraron fuertes erogaciones en publicidad digital. Tan solo en los primeros 90 días de 2023, el gobierno estatal destinó más de 15.5 millones de pesos a pautas dentro de plataformas de Meta, principalmente Facebook e Instagram.
El incremento de estos recursos contrasta con los reclamos ciudadanos sobre problemas urgentes en el estado. Mientras millones se destinan a campañas de promoción, la población enfrenta crisis en movilidad, contaminación ambiental y seguridad pública. No solo son los desvios triangulados con el DIF de Maria
El uso intensivo de publicidad institucional se ha convertido en una estrategia para sostener la narrativa política del gobernador y su entorno cercano, especialmente a través de redes sociales.
Este panorama refuerza las sospechas sobre la forma en que se utilizan los recursos públicos.
El Modus Operandi de la Administración y sus Aliados
El esquema de triangulación detectado no es un hecho aislado, sino que parece ser una estrategia sistemática. Diversas compañías que operan en penales y comedores de seguridad pública replican exactamente el mismo modelo: reciben contratos del Estado y, casi de inmediato, se vuelven clientes del despacho jurídico propiedad de la familia del Gobernador. Se calcula que miles de millones de pesos del erario han circulado a través de estos contratistas “favoritos”, consolidando una estructura financiera que abarca gran parte de la proveeduría de Nuevo León.
Ante estas evidencias, la respuesta del círculo cercano a Samuel García ha sido desacreditar los hallazgos sin presentar pruebas reales que los desmientan. En lugar de transparencia, el equipo de Movimiento Ciudadano opta por victimizarse y acusar a la prensa de persecución política. Mientras tanto, el DIF de Mariana permanece señalado como la pieza clave para mover estos recursos, traicionando su verdadera misión de bienestar social al permitir que el presupuesto para alimentación infantil termine en el patrimonio privado del Mandatario.
Lo ocurrido con el proveedor Cacahuato es la prueba de que las prácticas del pasado siguen vivas bajo un discurso de modernidad. Esta triangulación de fondos hacia firmas de abogados familiares rompe la confianza de los ciudadanos y exige una auditoría profunda por parte de las autoridades federales. Nuevo León necesita instituciones que prioricen la atención a la gente y no una oficina de asistencia social que funcione como oficina de captación para intereses jurídicos particulares.
ArrayEn redes, la gente recuerda la corrupción de Mariana y Samuel: en 2024, DIF estatal pagó 820 millones de pesos a una comercializadora que envió dinero directo al despacho del góber. Es el mismo esquema de siempre para saquear NL usando causas sociales.
— La Silla Regia (@silla_regia) February 24, 2026
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