El segundo desfogue de la Presa El Cuchillo, realizado en un lapso de apenas cuatro meses, concluyó discretamente este fin de semana, sin que autoridades estatales o federales ofrecieran información pública sobre el hecho. Con este cierre, suman ya 260 millones de metros cúbicos de agua liberados, cantidad que equivale a dos años completos del suministro que normalmente se extrae de esta presa para abastecer a la zona metropolitana de Monterrey.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue la encargada de coordinar el cierre de compuertas, que se llevó a cabo ayer al mediodía. Sin embargo, ni la dependencia ni el Gobierno de Nuevo León emitieron comunicados oficiales al respecto. Solo algunos reportes técnicos y observaciones en campo confirmaron que las compuertas comenzaron a sellarse, dejando visibles unos pocos chorros de agua que todavía salían debido al proceso de cierre gradual.
Este trasvase representó una de las acciones más polémicas de los últimos meses en materia de gestión hídrica, pues, pese a la crisis por escasez de agua que ha enfrentado Nuevo León en años recientes, las autoridades permitieron liberar grandes volúmenes hacia el Río San Juan, lo que, según el Gobierno federal, forma parte del cumplimiento de la deuda hídrica con Estados Unidos.
Liberación silenciosa de agua
Durante siete días consecutivos, se descargaron aproximadamente 130 millones de metros cúbicos, exactamente la misma cantidad que se había desfogado en enero pasado. La operación, nuevamente, se realizó sin anunciarse con antelación y sin ofrecer argumentos técnicos claros sobre su urgencia o justificación ante la opinión pública local.
La falta de transparencia en este tipo de decisiones ha generado fuertes críticas desde la ciudadanía y diversos sectores académicos, quienes exigen saber con precisión bajo qué criterios se autoriza vaciar el equivalente al abasto de dos años para Monterrey. Hasta ahora, ni Conagua ni el Gobierno estatal han dado explicaciones detalladas sobre los riesgos y beneficios de este tipo de trasvases, que han provocado una reducción importante en el nivel de almacenamiento de la presa.
Antes del inicio de esta última liberación de agua, El Cuchillo contaba con 1,032 millones de metros cúbicos, lo que representaba un llenado del 91.8 por ciento de su capacidad total. Tras el desfogue, la cifra bajó a 894.5 millones, lo que equivale a un nivel de almacenamiento de apenas 79.6 por ciento. Esta reducción incluye no solo el agua trasvasada, sino también la que se extrajo de manera habitual para abastecer al área metropolitana y para el riego agrícola del Distrito de Las Lajas.
Lo que más ha llamado la atención de este segundo trasvase es que se concretó justo después de que el Gobierno federal confirmara que parte de la deuda hídrica con Estados Unidos se paga con agua del Río San Juan, afluente al que fue dirigida el agua extraída de El Cuchillo. Aunque este compromiso internacional está establecido en tratados bilaterales, la manera en que se ejecutó ha sido duramente cuestionada por su impacto en el abastecimiento local y por el silencio institucional.
Preocupación por el abasto futuro de El Cuchillo
Con esta nueva reducción en los niveles de la presa, surge la incertidumbre sobre la capacidad del sistema para sostener el abasto en caso de una temporada de escasas lluvias. Aunque actualmente El Cuchillo conserva un porcentaje superior al 70 por ciento de su capacidad, especialistas han advertido que la continuidad de este tipo de desfogues sin estrategias de recuperación hídrica podría comprometer el suministro de agua potable si se presenta una sequía prolongada, como ha ocurrido en años anteriores.
Además, organizaciones civiles han denunciado que el proceso no ha sido acompañado por campañas de concientización ni por planes claros de reforestación o retención pluvial que permitan reponer el volumen extraído. En lugar de eso, el gobierno parece actuar por instrucciones del centro, sin dar prioridad al equilibrio hídrico del estado ni a los intereses de sus habitantes.
El contraste entre la opacidad con la que se ejecutan estos trasvases y las constantes exhortaciones a la ciudadanía para cuidar el agua ha incrementado el malestar social. Mientras a los hogares se les exige reducir su consumo diario, las autoridades ceden millones de metros cúbicos sin aviso ni consulta, alimentando la percepción de una gestión desigual y subordinada a decisiones ajenas al contexto regional.
El silencio con que se concretó el cierre también es revelador. A diferencia de otros eventos relacionados con obras hídricas o cortes de suministro que suelen anunciarse con anticipación, el final de este trasvase no fue comunicado ni por el Estado ni por la Federación, lo que refuerza las críticas por falta de transparencia.
Aunque el proceso técnico de cierre no se completó de inmediato —ayer por la tarde aún podían observarse algunos chorros de agua saliendo de las compuertas—, se espera que en los próximos días se selle completamente el sistema, sin que hasta el momento se haya dado un balance oficial de lo realizado ni una evaluación del impacto.
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