El discurso de la “nueva política” y la pulcritud financiera en Nuevo León se ha derrumbado por completo. Una investigación periodística destapada por el diario EL NORTE ha puesto al descubierto una de las redes de complicidad, simulación fiscal y financiamiento ilícito más escandalosas de los últimos años, vinculando directamente al entorno más íntimo del gobernador Samuel García Sepúlveda con el negocio del combustible robado. No se trata de simples sospechas o ataques políticos de la oposición; se trata de documentos oficiales del Registro Público de Comercio y de facturas timbradas y vigentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que demuestran cómo el dinero del huachicol fluyó directamente a las cuentas de la familia del mandatario estatal.
El epicentro de este terremoto político es GMA Firma Jurídica Fiscal, un despacho de abogados que, lejos de ser un negocio ajeno al gobernador, es propiedad de su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y de su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal. Este despacho comparte lazos operativos, apellidos y el mismo modus operandi con Firma Jurídica y Fiscal Abogados, la otra empresa que el padre del gobernador mantiene en copropiedad con el propio Samuel García. Los hilos conducen al mismo nido familiar y a las mismas cuentas bancarias.
El vínculo con el capo del huachicol: Jesús Ricardo Puente
De acuerdo con la documentación fiscal verificada, entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022 —coincidiendo exactamente con los primeros meses de la administración de Samuel García en la gubernatura—, el despacho GMA expidió ocho facturas por concepto de “honorarios por servicios profesionales”. El cliente que pagó religiosamente estas facturas fue la empresa Maquiladora de Lubricantes, cuyo accionista y administrador único es Jesús Ricardo Puente.
¿Quién es Jesús Ricardo Puente? El pasado 28 de mayo, un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) sacudió las zonas más exclusivas y operativas de Nuevo León. Con cateos simultáneos en San Pedro Garza García, Monterrey, García y Salinas Victoria, las fuerzas federales detuvieron a Puente, identificándolo plenamente como un capo de alto perfil y el operador principal de una organización criminal denominada por las autoridades como “Los Petrofactureros”.
Esta red delictiva, según las investigaciones de la FGR, está integrada por más de 40 empresas fantasmas o fachadas que eran utilizadas para simular actividades comerciales en los sectores energético, logístico y de transporte. En la realidad, estas empresas carecían de infraestructura física, oficinas reales o personal idóneo. Su única función era legalizar fiscalmente el dinero obtenido de la venta de combustible robado. Durante la misma jornada de operativos federales, las autoridades decomisaron más de un millón de litros de combustible ilegal en un inmueble del municipio de Cadereyta, confirmando la magnitud del imperio criminal que operaba bajo el amparo de la simulación.
15 millones de pesos: el sexto mejor negocio de la familia García
La contabilidad de GMA Firma Jurídica Fiscal reveals que, en un periodo de apenas cuatro meses, la empresa del capo huachicolero transfirió un total de 15 millones 059 mil 957 pesos al despacho del padre y hermano del gobernador. Las ocho facturas emitidas siguen apareciendo como “vigentes” en el portal del SAT; no fueron canceladas, no fueron rechazadas, fueron cobradas en su totalidad.
Para dimensionar la importancia de Jesús Ricardo Puente en las finanzas de la familia García, los estados financieros de la firma jurídica muestran que la empresa Maquiladora de Lubricantes representa su sexto mejor ingreso en el periodo que abarca de 2021 a 2026. Los lujos, las propiedades, los viajes y la opulencia de la que presume el círculo cercano del gobernador parecen encontrar una explicación muy clara en estos esquemas de “asesoría legal” brindada a los personajes más oscuros del sector energético ilegal.
El negocio de “Los Petrofactureros” movía cantidades estratosféricas de dinero. Los reportes de la FGR indican que la empresa de Puente facturó más de 7 mil 095 millones de pesos, reportando paralelamente gastos sospechosos por más de 9 mil 164 millones de pesos, especialmente entre los años 2021 y 2025. Resulta una coincidencia brutal que los mejores años de ingresos para este capo del huachicol hayan sido precisamente 2021 y 2022, el mismo periodo en que decidió contratar y transferir millones de pesos al despacho de la familia del gobernador de Nuevo León.
El desplome financiero tras los operativos
Los datos duros también muestran cómo la fortuna de estos negocios dependía directamente de la impunidad con la que operaban. Conforme las autoridades federales arreciaron los operativos contra el robo de combustible en el norte del país, los ingresos de la empresa de Jesús Ricardo Puente se desplomaron drásticamente, pasando de recibir más de 500 millones de pesos anuales en 2024, a registrar apenas 67 millones en 2025, y llegar a ceros absolutos en este año 2026, culminando con la captura del capo.
La defensa del gobernador Samuel García siempre ha consistido en intentar desmarcarse de los negocios de su padre, utilizando una narrativa de separación profesional. Sin embargo, para los ciudadanos de Nuevo León, este argumento es insostenible. ¿Cómo es posible que el despacho jurídico del padre del gobernador tenga como principales clientes a empresas del sector energético bajo investigación, incluyendo facturaciones de 353.3 millones de pesos a Enerey Latinoamérica, 279.9 millones a Petrolíferos Lobo y 42.3 millones a Energéticos Dos Águilas? Todo el dinero de la familia García huele a combustible, y gran parte de ese combustible es de procedencia ilícita.
Nuevo León merece justicia y explicaciones
Mientras las familias neolonesas sufren todos los días la falta de agua en sus hogares, la inseguridad descontrolada en las calles y un sistema de transporte público colapsado y deficiente, la familia del mandatario estatal se ha dedicado a facturarle millones de pesos al crimen organizado.
Nuevo León no puede quedarse callado ante lo que ya se califica popularmente como el caso del “huachigobernador”. Los ciudadanos exigen una investigación profunda y caiga quien caiga. La colusión de las instituciones del Estado con redes delictivas que debilitan la seguridad y la economía nacional a través del huachicol es un delito grave que merece castigo penal, no excusas en conferencias de prensa o videos de redes sociales. Samuel García y su familia le deben una explicación clara, transparente e inmediata a todo el pueblo de Nuevo León. La impunidad no puede ser el sello de este gobierno.
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