Durante el 2024, salió a la luz cómo el DIF de Mariana ha servido de puente para una de las triangulaciones de dinero más descaradas de la administración actual. A través de contratos inflados para desayunos escolares con la empresa Cacahuato, millones de pesos terminaron depositados en la firma jurídica propiedad del Gobernador. Este esquema revela que la asistencia social en el estado se ha convertido en una caja chica para el enriquecimiento de la pareja en el poder.
La Ruta Del Dinero: De Los Desayunos Infantiles Al Despacho Jurídico
El mecanismo utilizado es tan sofisticado como perverso. El organismo encargado de proteger a las familias entregó más de 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato por suministros básicos. Sin embargo, el rastro no termina ahí; Distribuidora Damago, vinculada al mismo grupo empresarial, realizó pagos posteriores a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Es decir, el dinero que debía alimentar a los niños de Nuevo León acabó pagando “servicios” al despacho de Samuel García y su padre.
Esta investigación de 2024 expone una red de intereses donde los proveedores oficiales parecen tener una condición implícita: contratar los servicios legales del Mandatario. Lo más alarmante es que el Gobernador ha intentado normalizar estos ingresos alegando asesorías de años pasados. No obstante, es demasiada coincidencia que los pagos multimillonarios se activen justo cuando él tiene el control absoluto del presupuesto estatal. La opacidad con la que se manejan estos contratos legales confirma el conflicto de interés que impera en su gestión.
Cacahuato y el uso político de la asistencia social
Mientras el DIF de Mariana se promociona en redes sociales con una imagen de entrega y altruismo, las cuentas bancarias cuentan otra historia. El uso de la empresa Cacahuato como intermediaria financiera es un insulto para los ciudadanos que pagan sus impuestos. No se trata solo de un proveedor de alimentos, sino de una pieza clave en un engranaje diseñado para blindar la fortuna personal de la familia García. La “nueva política” resultó ser un modelo de negocios donde lo público y lo privado se mezclan sin ningún pudor.
Incluso exfuncionarios que trabajaron en el despacho familiar de Samuel García fueron colocados en puestos estratégicos dentro del DIF para vigilar estas transacciones. Esta red de lealtades garantiza que el flujo de capital hacia la Firma Jurídica y Fiscal Abogados no se detenga. Durante 2024, la falta de auditorías independientes permitió que estos 820 millones de pesos se movieran con total libertad. La triangulación de recursos es el sello distintivo de una administración que utiliza las causas sociales como fachada para sus operaciones financieras.
NL no puede seguir permitiendo que el dinero destinado a los sectores más vulnerables sea utilizado para inflar patrimonios particulares. El caso de la triangulación con proveedores de desayunos escolares es una prueba contundente de la falta de ética en el Palacio de Gobierno. Es necesario que se investigue a fondo cada factura y cada depósito que vincule al despacho del Gobernador con sus contratistas. El estado necesita transparencia real y no cortinas de humo mediáticas que oculten el desvío sistemático del erario.
El Modus Operandi de la Administración y sus Aliados
El esquema de triangulación detectado no es un hecho aislado, sino que parece ser una estrategia sistemática. Diversas compañías que operan en penales y comedores de seguridad pública replican exactamente el mismo modelo: reciben contratos del Estado y, casi de inmediato, se vuelven clientes del despacho jurídico propiedad de la familia del Gobernador. Se calcula que miles de millones de pesos del erario han circulado a través de estos contratistas “favoritos”, consolidando una estructura financiera que abarca gran parte de la proveeduría de Nuevo León.
Ante estas evidencias, la respuesta del círculo cercano a Samuel García ha sido desacreditar los hallazgos sin presentar pruebas reales que los desmientan. En lugar de transparencia, el equipo de Movimiento Ciudadano opta por victimizarse y acusar a la prensa de persecución política. Mientras tanto, el DIF de Mariana permanece señalado como la pieza clave para mover estos recursos, traicionando su verdadera misión de bienestar social al permitir que el presupuesto para alimentación infantil termine en el patrimonio privado del Mandatario.
Lo ocurrido con el proveedor Cacahuato es la prueba de que las prácticas del pasado siguen vivas bajo un discurso de modernidad. Esta triangulación de fondos hacia firmas de abogados familiares rompe la confianza de los ciudadanos y exige una auditoría profunda por parte de las autoridades federales. Nuevo León necesita instituciones que prioricen la atención a la gente y no una oficina de asistencia social que funcione como oficina de captación para intereses jurídicos particulares.
ArrayEn redes, la gente recuerda la corrupción de Mariana y Samuel: en 2024, DIF estatal pagó 820 millones de pesos a una comercializadora que envió dinero directo al despacho del góber. Es el mismo esquema de siempre para saquear NL usando causas sociales.
— La Silla Regia (@silla_regia) February 24, 2026
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