Cierres mediáticos, clausuras exprés, presiones y extorsionar empresas que operan conforme a la ley se han convertido en el modus operandi del secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano. Esta estrategia, lejos de buscar el bienestar del estado, parece actuar de manera recaudatoria a favor de la salud financiera de Movimiento Ciudadano y del gobernador Samuel García. Tan solo en 2023, el impuesto verde recaudó 750 millones de pesos. Sin embargo, los Centros de Monitoreo ambiental permanecen obsoletos o en desuso. Es imperativo detener el uso del medio ambiente como pretexto para la extracción de recursos.
Secretaría De Medio Ambiente Convertida En Caja Chica Política
La Secretaría de Medio Ambiente en Nuevo León ya no parece estar al servicio de la ecología, sino de intereses políticos y financieros. Desde el relevo de Alfonso Martínez Muñoz, la dependencia ha operado bajo una lógica recaudatoria. Martínez fue destituido por negarse a ejecutar clausuras sin sustento legal.
Raúl Lozano, su reemplazo, llegó con una misión clara: facilitar clausuras exprés y extorsiones disfrazadas de ecologismo. En lugar de aplicar sanciones con base en criterios técnicos, su gestión ha priorizado los operativos espectaculares.
Las cámaras están listas, los sellos se colocan a la vista de todos y la narrativa se enfoca en castigar a quienes contaminan. Sin embargo, muchas de las empresas afectadas cumplen con las normas ambientales federales.
Empresas En Regla Bajo Sospecha Permanente
Muchas compañías con larga trayectoria en el estado han sido blanco de operativos y acoso institucional. Las sanciones aplicadas carecen del respaldo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), lo que indica que las medidas no se sustentan en la legislación federal vigente. Así, el discurso ambiental se convierte en herramienta de presión.
Mientras Samuel García presume reducciones drásticas en las emisiones de PEMEX, los datos oficiales muestran otra realidad. La contaminación sigue en niveles críticos y los monitoreos actuales carecen de precisión debido a la falta de mantenimiento e inversión en los sistemas de medición.
Clausuras Exprés Y La Desconfianza Empresarial
Las clausuras han aumentado un 220%. Esta cifra, lejos de reflejar una mejora en la vigilancia ambiental, evidencia un incremento en la presión hacia las industrias. Empresarios nacionales y extranjeros ya han expresado su preocupación por el uso político de esta dependencia.
La amenaza constante de clausura afecta contratos de suministro, pone en riesgo empleos y daña la cadena de producción. Además, tan solo en 2023 Nuevo León perdió 7,500 empleos en el sector manufacturero. La percepción de un ambiente de negocios hostil ha llevado a que varias inversiones se redirijan a estados como Querétaro, Guanajuato o Coahuila.
La falta de confianza no es gratuita. La narrativa ambientalista de Samuel García contrasta con el abandono del monitoreo ambiental y la falta de inversión en tecnologías que mejoren la calidad del aire.
El Impuesto Verde: Recaudación Sin Transparencia
Una de las principales fuentes de ingresos del gobierno estatal ha sido el impuesto verde. Desde su implementación, se han recaudado 750 millones de pesos. No obstante, ambientalistas y el legisladores locales han denunciado que no existe claridad sobre el destino de estos recursos.
La organización Piensa Verde ha señalado que, paradójicamente, la Secretaría de Medio Ambiente recauda millones pero opera con recursos limitados, sin la capacidad, aunque tampoco el interés, para implementar verdaderas políticas públicas. Mientras tanto, el tesorero del estado asegura que los fondos han sido destinados a otras áreas, como el tema hídrico, lo que contradice el propósito original del impuesto.
Ciudadanos Exigen Un Alto Al Uso Político Del Tema Ambiental
Cada vez son más las voces que piden un alto a la manipulación del discurso ambiental con fines electorales y recaudatorios. Organizaciones civiles, expertos en medio ambiente y legisladores han coincidido en que el verdadero problema no es la recaudación, sino el uso opaco y discrecional de los recursos.
Mientras el gobierno presume compromisos internacionales y una supuesta agenda verde, los ciudadanos enfrentan las consecuencias de una política ambiental sin rumbo ni transparencia.
La exigencia de fondo es que el medio ambiente no sea utilizado como herramienta de presión, castigo político ni financiamiento electoral. Nuevo León requiere acciones reales, medibles y duraderas que respondan a una crisis ambiental que ya cobra vidas y que no puede seguir siendo ignorada.
La ciudadanía demanda resultados, no propaganda; inversión, no extorsión; soluciones, no simulaciones.
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