El Gobierno de Nuevo León ha iniciado trabajos preliminares para la construcción de una segunda presa Rompepicos en la zona protegida de La Huasteca, a pesar de no contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni haber llevado a cabo una consulta pública con la ciudadanía. Diversos colectivos ambientalistas han manifestado su rechazo ante este proyecto, al que consideran no solo ilegal, sino también peligroso para el ecosistema del río Santa Catarina.
Las organizaciones Agua Regia y Un Río en el Río han hecho públicas sus denuncias tras observar maquinaria en operación en el sector conocido como El Picacho de la Botella, lugar en donde se pretende construir esta nueva obra hidráulica. La controversia crece conforme se confirma que los trabajos iniciaron sin haber concluido el proceso de evaluación de impacto ambiental, violando así derechos ciudadanos y normas federales de protección ambiental.
Inician obras sin permiso
El pasado jueves, el gobernador Samuel García encomendó al nuevo Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, la aceleración de los trabajos en Rompepicos 2, buscando que la obra esté concluida lo más pronto posible. Apenas un día después, activistas detectaron maquinaria operando en la zona donde se planea edificar esta infraestructura, sin contar aún con el visto bueno de la Semarnat.
De acuerdo con Juan Pablo Chávez, director del colectivo Agua Regia, se identificaron a trabajadores de la empresa Technoproject realizando maniobras con equipos geológicos. “Estaban con un martillo electrónico con el que golpean el suelo, a una placa, y les arroja información geológica”, detalló.
La empresa mencionada aparece en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el Gobierno estatal, actualmente bajo revisión de la Semarnat. Sin embargo, los movimientos de maquinaria y personal en el sitio indican un inicio no autorizado, lo cual podría constituir una violación a las normas ambientales federales.
Colectivos denuncian ilegalidad
Diversos colectivos ambientalistas han denunciado que el gobierno estatal actúa de forma arbitraria y sin respetar los procedimientos legales. En mayo pasado, la Semarnat ya había rechazado una primera MIA para la construcción de hasta dos cortinas Rompepicos en las zonas de El Divisadero y El Pico del Águila, ubicadas en las partes altas de La Huasteca.
Ante esa negativa, el Ejecutivo estatal reformuló el proyecto, ahora proponiendo construir una cortina única en El Picacho de la Botella. Sin embargo, esta nueva propuesta tampoco ha sido aprobada aún, y los colectivos denuncian que la consulta pública obligatoria aún no ha sido tramitada.
“Lo que a mis ojos es aún más grave”, explicó Chávez, “es que la consulta pública está apenas en proceso de solicitud, lo que significa que los ciudadanos aún no hemos sido escuchados, y ya se están haciendo maniobras en el terreno”.
La situación ha generado indignación entre los activistas, quienes consideran que el gobierno estatal pisotea el derecho ciudadano a participar en decisiones que impactan directamente el medio ambiente.
El Gobierno estatal arranca obras en La Huasteca sin permiso de Semarnat ni consulta ciudadana, denuncia la organización Agua Regia.
— elnortelocal (@elnortelocal) July 22, 2025
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Riesgos ambientales ignorados en la Huasteca
Los trabajos para la construcción de esta segunda presa Rompepicos podrían tener graves consecuencias para el ecosistema del río Santa Catarina, una de las fuentes naturales más importantes del área metropolitana de Monterrey. Colectivos como Agua Regia advierten que intervenir en los cauces naturales del río sin un estudio adecuado puede alterar los flujos de agua, incrementar los riesgos de inundación y provocar daños irreversibles al entorno.
Además, la zona de La Huasteca, parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, es un área natural protegida que alberga una gran diversidad de flora y fauna. Cualquier modificación al terreno debe contar con rigurosos estudios técnicos, así como con la autorización formal de la Semarnat, lo cual, hasta el momento, no se ha obtenido.
A pesar de estos riesgos, la maquinaria del Estado ya opera en el sitio, bajo el argumento de que se están realizando estudios técnicos previos, lo que para los colectivos no es más que una estrategia para avanzar sin freno y dejar sin efecto la participación ciudadana.
Continúan protestas ciudadanas
El colectivo Un Río en el Río, así como otras organizaciones civiles y ciudadanos preocupados por el medio ambiente, han exigido al gobierno de Samuel García que detenga de inmediato los trabajos en La Huasteca y que respete los procedimientos legales. Señalan que la precipitación del Ejecutivo estatal refleja un desprecio por las normas ambientales y un uso político de la infraestructura.
La petición formal para que la construcción se someta a consulta pública fue ingresada recientemente ante la Semarnat, y se espera una respuesta en los próximos días. Sin embargo, los trabajos continúan avanzando, lo cual ha sido interpretado como una violación a los derechos de participación social establecidos en la legislación ambiental.
Los activistas también critican el poco interés del gobierno en generar diálogo con las comunidades afectadas. Aseguran que ni el gobernador ni sus funcionarios han buscado establecer canales de comunicación abiertos y transparentes para abordar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía.
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