Las auditorías de las dependencias federales descubrieron un esquema de triangulación de recursos que beneficia económicamente a los parientes del mandatario estatal. Las indagatorias revelaron que diversos corporativos vinculados al contrabando de hidrocarburos depositaron sumas estratosféricas a las cuentas de los litigantes allegados al poder. Las transacciones ligadas al lucrativo negocio del combustible en San Pedro Garza García registraron un repunte financiero descomunal apenas un mes después de que se diera el relevo constitucional en el Poder Ejecutivo local. Las alertas de los órganos de inteligencia se encendieron debido a que los fondos se justificaron mediante supuestas asesorías legales especializadas.
El desmedido aumento de ingresos de la red de firmas fiscales de su familia
Los ingresos acumulados por el grupo de bufetes contables que comparten el padre y el hermano del gobernador alcanzaron cifras inauditas en este sexenio. Los archivos financieros demuestran que las oficinas del corporativo captaron la friolera cantidad de 1,781 millones de pesos desde que el partido naranja tomó las riendas de la entidad. La red de firmas fiscales de su familia legalizó la entrada de estos recursos mediante contratos amparados ante el Sistema de Administración Tributaria. A pesar de los constantes deslindes en las plataformas digitales del gobierno del estado, los folios comerciales demuestran que el mandatario aparece de forma activa como socio dentro de una de las razones principales del holding.
El desglose de los movimientos bancarios evidencia que más de una cuarta parte de toda la fortuna del bufete provino de comercializadoras de carburantes. En términos específicos, el 26 por ciento de las ganancias totales se explica por las operaciones de la firma García Mascorro y Asociados en el ramo energético. Con la red de firmas fiscales de su familia trabajando a su máxima capacidad operativa, los ingresos nominales saltaron a 144 millones de pesos en 2024 y escalaron a 161 millones de pesos en el año 2025. Los nexos económicos se estrecharon al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendía alertas, señalando a la metrópoli como el epicentro del blanqueamiento de capitales de procedencia ilícita.
El caso de las facturas falsas se convierte en el peor escándalo de corrupción
La intervención del Gobierno Federal mediante corporaciones de seguridad nacional destapó una red que echa abajo el discurso oficial de honestidad. Las investigaciones dirigidas desde el centro del país colocaron bajo estricto escrutinio a 555 razones sociales involucradas en la internación clandestina de hidrocarburos. Este caso se ha consolidado como el peor escándalo de corrupción de la actual gestión neolonesa, ya que las corporaciones acusadas de simular actividades logísticas eran clientes VIP de los parientes del gobernador. Las autoridades federales ejecutaron cuatro cateos simultáneos en propiedades de la región, tocando de forma directa las estructuras financieras del círculo del mandatario.
Los vínculos comerciales con personajes procesados por la federación terminaron por hundir la credibilidad de la administración estatal. Entre los clientes del despacho destaca Petrolíferos Lobo, un consorcio que inyectó más de 258 millones de pesos mediante 76 operaciones distintas, la mayoría realizadas tras la toma de protesta del gobernador. Este peor escándalo de corrupción arrastra también facturas de Maquiladora de Lubricantes, cuyo dueño, Jesús Ricardo Puente, fue detenido recientemente por operar una red de 40 empresas fachada. Las transferencias por 15 millones de pesos al despacho familiar iniciaron solo cuatro meses después de que se le abriera la primera carpeta penal al hoy procesado.
Los consorcios regiomontanos que terminaron acusados por la Fiscalía General
Las carpetas de investigación vigentes exponen que el bufete de los García daba supuestos servicios profesionales a los líderes del contrabando. El Ministerio Público de la Federación mantiene bajo proceso penal a firmas ligadas a redes de simulación de contratos y delincuencia organizada, como la compañía BSQ Global Corporation, la cual depositó 6.8 millones de pesos al negocio familiar. Estos entes económicos están acusados por la Fiscalía General de operar con facturación apócrifa y evasión fiscal masiva. Incluso el despacho recibió fondos de Autotransporte de Carga Especializados Marvic, firma ligada al tráfico de diésel en buques incautados en los puertos de Tamaulipas.
La presión jurídica aumentó en el Congreso local luego de que se interpusieran denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito. Las sospechas de la oposición apuntan a que los grupos delictivos pagaban una especie de cuota periódica para operar libremente en el negocio del combustible en San Pedro Garza García. Al estar acusados por la Fiscalía General de la República, los clientes del consorcio comprometen la estabilidad del gobernador, quien enfrenta una ofensiva jurídica directa. Las autoridades judiciales buscan deslindar si los parientes del mandatario actuaron bajo una supuesta ignorancia de las actividades de sus clientes o bajo una llana complicidad en el blanqueo de activos.
El millonario listado que incluye a cinco clientes VIP del sector energético
Las auditorías federales identificaron que las mayores fortunas captadas por el corporativo provinieron de consorcios con cuentas congeladas. El rastreo de operaciones arrojó que las firmas de los Samueles simularon contratos con los jugadores más cuestionados del ramo de los hidrocarburos. Estos cinco clientes VIP del sector energético, entre los que destacan Petrolíferos Lobo y Enerey Latinoamérica, operaban bajo la investigación de un folio federal numerado con el código 13173. Las autoridades detectaron que los representantes de estas empresas compartían ubicaciones corporativas en los mismos edificios ejecutivos del municipio de San Pedro.
El impacto de estas revelaciones ha generado una profunda desconfianza ciudadana en las instituciones de Nuevo León. Con estos cinco clientes VIP del sector energético bajo proceso formal por lavado de dinero, el financiamiento de las campañas políticas locales entra en una zona de estricta revisión. La comunidad califica como una burla los videos de redes sociales donde se promueve una gestión impecable, mientras los archivos judiciales exponen los cheques cobrados en secreto por la familia del gobernador. El descontento social aumenta debido a que la riqueza de los García estalló al mismo tiempo que las crisis de servicios en el estado.
El piso 33 de la Torre Helicon operaba como una mina de oro en el sector energético
La tramitación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado para las estaciones de servicio se convirtió en la actividad más redituable del consorcio. Desde noviembre de 2021, los García decidieron separar sus asuntos ordinarios para fundar un brazo legal alternativo diseñado exclusivamente para exprimir esta mina de oro en el sector energético. Los flujos de efectivo del despacho crecieron de forma desproporcionada aprovechando las lagunas en el manejo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El bufete familiar estructuró estrategias fiscales para proteger los recursos de expendedores de combustibles de procedencia ilícita.
Las transacciones con empresas como Enerey Latinoamérica, que depositó 78.4 millones de pesos al despacho, confirman el tamaño del beneficio privado. El rendimiento de esta mina de oro en el sector energético contradice los discursos del gobernador, quien insiste en que las faltas de las empresas son responsabilidad individual de cada cliente. Las pruebas contables demuestran que el corporativo familiar amparó facturaciones de empresas que hoy se encuentran con operaciones suspendidas por la federación. El dinero de estas asesorías representa el pilar financiero de los parientes del mandatario mientras la población exige castigo para el enriquecimiento ilícito.
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