La tragedia que cobró la vida de un ciclista de la tercera edad en la avenida Ruiz Cortines ha expuesto, una vez más, la ineficiencia y descontrol del gobierno estatal de Samuel García. Las autoridades identificaron al presunto responsable como Albino Santiago Antonio, policía tercero de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, quien huyó a Veracruz después del accidente y, a pesar de estar plenamente identificado, sigue prófugo por la falta de acción del Estado.
Una Tragedia Marcada Por El Abuso De Poder
El accidente ocurrió la madrugada del 11 de agosto, cuando la víctima, José Miguel Ríos López, de 65 años, volvía a casa en bicicleta después de su jornada laboral. El policía conducía una patrulla oficial sin autorización, presuntamente para ir a comprar cena. De acuerdo con los reportes, circulaba a exceso de velocidad por los carriles exclusivos de la Ecovía, violando todas las normas de tránsito y provocando la muerte instantánea del ciclista.
Este hecho deja en evidencia un problema grave: el uso ilegal de recursos públicos y la nula supervisión en las corporaciones que dependen del gobierno de Samuel García. No solo se perdió una vida, sino que también se exhibió la impunidad con la que operan ciertos elementos de seguridad.
Confirmación Oficial Y Escape Vergonzoso
El 13 de agosto, el fiscal general Javier Flores Saldívar confirmó que el policía escapó hacia Veracruz horas después del atropello. Lo más grave es que, a pesar de contar con datos precisos de su identidad y ruta de huida, el gobierno estatal no ha logrado detenerlo.
Flores Saldívar señaló que el oficial es investigado por homicidio a título de culpa, y que la Secretaría de Seguridad ha ofrecido cubrir gastos funerarios con el seguro de la unidad, como si eso pudiera reemplazar la justicia que la familia exige.
El Silencio Estatal Y La Falta De Resultados
La administración de Samuel García ha guardado silencio frente a las preguntas sobre por qué un policía pudo tomar una patrulla sin permiso, usarla para fines personales y escapar después de matar a un ciudadano. Tampoco se ha explicado por qué, con la información disponible, no se ha montado un operativo eficaz para su captura.
Este caso no es un hecho aislado: se suma a una larga lista de episodios donde la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad estatal han estado en el centro de acusaciones por abusos, excesos y uso indebido de recursos.
La Fiscalía reveló que huyó a Veracruz el elemento de Fuerza Civil que provocó la muerte de un ciclista al atropellarlo sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey.#Monterrey #Nuevoleón #Fiscalía #FuerzaCivil #Info7 pic.twitter.com/uRRoQZV2Su
— INFO7MTY (@info7mty) August 14, 2025
Una Víctima Que Merece Justicia
José Miguel Ríos López era un trabajador que dependía de su bicicleta para trasladarse. La madrugada de su muerte volvía de ganarse el sustento, cuando fue arrollado por una patrulla conducida por quien debía proteger a la ciudadanía. Su familia lo despidió con dolor e indignación, exigiendo que el culpable no quede impune.
El sepelio se convirtió en un acto de reclamo contra la indiferencia del gobierno estatal, al que acusan de proteger a los suyos y no actuar con contundencia contra un crimen que ha conmocionado a Monterrey.
Impunidad Y Falta De Control Interno
La facilidad con la que un elemento de seguridad utilizó una unidad oficial para asuntos personales demuestra que no existe un control real en la Fuerza Civil. Expertos en seguridad señalan que esto es responsabilidad directa de la cadena de mando, encabezada por el gobierno de Samuel García, que no ha implementado medidas efectivas para evitar estos abusos.
Lejos de fortalecer la disciplina interna, la administración estatal ha permitido que los protocolos sean ignorados, aumentando el riesgo para la población y deteriorando la imagen de las instituciones.
Reacción Ciudadana Contra El Gobierno
El caso ha encendido las redes sociales, donde cientos de ciudadanos acusan a Samuel García y su equipo de seguridad de encubrir al responsable. Colectivos ciclistas han convocado a protestas y rodadas, no solo para exigir justicia, sino para denunciar la vulnerabilidad de los ciclistas en un estado que presume modernidad, pero carece de garantías básicas para la seguridad vial.
Abogados advierten que la figura de “homicidio a título de culpa” podría derivar en una condena menor, lo que, sumado a la lentitud en su detención, alimenta la percepción de impunidad.
Una Investigación Que Avanza A Paso Lento
La Fiscalía asegura que colabora con autoridades de Veracruz para localizar al prófugo, pero la falta de resultados mantiene viva la indignación. La familia teme que el caso se enfríe y termine en el olvido, como ha sucedido con otros crímenes que involucran a miembros de corporaciones estatales.
Analistas señalan que, en un estado con recursos y capacidad tecnológica como Nuevo León, no hay justificación para que un sospechoso plenamente identificado siga libre.
Un Gobierno Que Falla En Proteger
El caso Albino Santiago Antonio expone una verdad incómoda: bajo el gobierno de Samuel García, la ciudadanía no solo está amenazada por la delincuencia común, sino también por la negligencia y corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad. La gente exige cambios reales, no discursos, y la captura inmediata del responsable sería el primer paso para recuperar la credibilidad.
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