A pesar de que el gobernador Samuel García presume una gran inversión en arborización con más de 650 mil árboles plantados, lo cierto es que el programa “Bosques Ciudadanos” ha sido objeto de fuertes críticas no sólo por la falta de resultados visibles, sino también por el manejo opaco de más de 300 millones de pesos que no pasan por el control del erario público. El dinero no es canalizado por el Gobierno del Estado, sino entregado directamente a una asociación civil llamada Reforestación Extrema, lo que impide la fiscalización y facilita la ausencia de rendición de cuentas.
Desde marzo de 2023, la administración estatal firmó un convenio con dicha asociación —encabezada por Cosijoopii Montero— para recibir recursos provenientes de empresas y particulares como compensación ambiental por obras urbanas. Estas aportaciones, que ya suman al menos 270.3 millones de pesos hasta noviembre del 2024, según el SAT, no están sujetas a supervisión pública, ya que se consideran técnicamente “donativos” y no fondos públicos.
Recursos sin control público
El mecanismo utilizado por el gobierno estatal ha sido fuertemente cuestionado por especialistas, ambientalistas y ciudadanos. A través de una cláusula en el convenio firmado por Félix Arratia —entonces secretario de Medio Ambiente y hoy alcalde de Juárez por Movimiento Ciudadano—, se estableció que Reforestación Extrema sería la única encargada de ejecutar los proyectos de arborización autorizados. Esto significa que el dinero aportado nunca pasa por una cuenta pública, sino directamente a la asociación civil, que expide recibos fiscales y se deslinda de la obligación de informar en qué lo gasta.
Incluso el propio Montero ha reconocido que las aportaciones no son fondos gubernamentales. “Técnicamente no es dinero público”, afirmó en julio de 2023. Sin embargo, los particulares que entregan estos recursos al programa se han quejado de que no pueden verificar el destino de sus contribuciones.
La Ley Ambiental del Estado establece que los recursos por impacto ambiental pueden dirigirse a fondos públicos o privados, pero omite mecanismos de control cuando se trata de asociaciones civiles. Antes, la Secretaría de Medio Ambiente colaboraba con el Fondo Metropolitano del Agua, que sí tenía procesos de transparencia y fiscalización. Hoy, esa estructura ha sido reemplazada por un esquema sin vigilancia.
Cifras infladas, árboles invisibles: el legado de Samuel García
A pesar del discurso oficial que presume una cifra ambiciosa de árboles plantados, el último dato público comprobable indica que hasta junio de 2023 apenas se habían sembrado 5 mil 176 ejemplares, con un gasto de 147 millones de pesos. Para llegar a los 650 mil árboles mencionados por el gobernador, habrían tenido que plantarse más de 645 mil en nueve meses, algo que no ha sido demostrado con evidencia técnica, georreferencias ni imágenes.
La opacidad del programa ha provocado la indignación de activistas y legisladores. Varios colectivos han solicitado auditorías, comparecencias de los responsables y la intervención de la Auditoría Superior del Estado, sin que hasta ahora haya respuesta oficial. La información más reciente proporcionada por Comunicación del Estado intenta justificar la cifra global sumando otros programas de reforestación federales o privados, pero no detalla cuántos árboles corresponden al programa Bosques Ciudadanos.
Además, parte de los fondos recibidos por Reforestación Extrema ha sido destinada a empresas como Viveros Regionales y Arbolmax, cuyos vínculos familiares con funcionarios del gobierno han generado sospechas de conflicto de interés. Adrián Cavazos Cavazos, hermano del director de Protección Civil del Estado, Érik Cavazos, es socio principal de ambas empresas beneficiadas. Esto ha reforzado los señalamientos sobre un uso discrecional del presupuesto ambiental.
Críticas por asignación directa
Expertos han señalado que el gobierno estatal utilizó una interpretación laxa de la Ley Ambiental para otorgar de forma directa la operación del programa a una asociación que no pasó por procesos de licitación pública ni evaluaciones técnicas. “La Secretaría podía establecer convenios con fondos, no con asociaciones civiles”, señaló un biólogo consultado que prefirió permanecer en el anonimato.
Según este especialista, Reforestación Extrema no cumple con los requisitos técnicos ni operativos que se exigirían en una licitación transparente. “Le están dando el dinero para que lo haga, y entonces ya las cosas son de él, no son del pueblo”, advirtió.
A pesar del respaldo político y económico otorgado a esta asociación, el programa no ha generado beneficios tangibles ni se ha comprobado su impacto ambiental. Mientras tanto, los recursos continúan fluyendo sin supervisión, y la ciudadanía sigue sin ver los árboles que el gobernador asegura haber plantado.
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