A pesar de que el gobernador Samuel García presume una gran inversión en arborización con más de 650 mil árboles plantados, lo cierto es que el programa “Bosques Ciudadanos” ha sido objeto de fuertes críticas no sólo por la falta de resultados visibles, sino también por el manejo opaco de más de 300 millones de pesos que no pasan por el control del erario público. El dinero no es canalizado por el Gobierno del Estado, sino entregado directamente a una asociación civil llamada Reforestación Extrema, lo que impide la fiscalización y facilita la ausencia de rendición de cuentas.
Desde marzo de 2023, la administración estatal firmó un convenio con dicha asociación —encabezada por Cosijoopii Montero— para recibir recursos provenientes de empresas y particulares como compensación ambiental por obras urbanas. Estas aportaciones, que ya suman al menos 270.3 millones de pesos hasta noviembre del 2024, según el SAT, no están sujetas a supervisión pública, ya que se consideran técnicamente “donativos” y no fondos públicos.
Reforestación Extrema: caso de corrupción de Samuel García
El reciente escándalo por el costo millonario de los árboles plantados en la Alameda de Monterrey ha sacudido la esfera política y social de Nuevo León. Legisladores locales de distintas bancadas han levantado la voz, acusando al gobierno estatal de autorizar gastos excesivos y poco transparentes en un proyecto que originalmente buscaba embellecer y recuperar un espacio icónico para los regiomontanos.
La controversia estalló tras revelarse que cada árbol plantado bajo el programa de Reforestación Extrema, una asociación vinculada a la administración estatal, costó 125 mil pesos, cifra que muchos calificaron como un claro “robo” y un insulto para la ciudadanía. Esta revelación ha generado indignación y abierto la puerta a cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en el estado.
Los legisladores exigen la cancelación inmediata del convenio con Reforestación Extrema, argumentando que no se puede permitir que los recursos de la gente se gasten de manera desmedida y sin una supervisión estricta. La polémica no solo se centra en el costo individual de cada árbol, sino también en la falta de claridad sobre cómo se adjudicaron los contratos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos millonarios pagos.
Legisladores alzan la voz
Diputados locales del PRI, PAN y PRD coincidieron en señalar que el gasto por cada árbol es totalmente injustificado y podría estar encubriendo prácticas de desvío de recursos públicos. En sus declaraciones, acusaron al gobernador de utilizar la reforestación como una cortina de humo para desviar dinero público hacia intereses privados o personales.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Armida Serrato, diputada local del PRI, quien calificó la cifra como “un robo en despoblado” y pidió al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, que actúe con firmeza para detener este tipo de contratos. Serrato subrayó la urgencia de rescindir el acuerdo con la asociación encabezada por Cosijoopii Montero, advirtiendo que no se puede seguir tolerando el uso discrecional del dinero público.
La diputada exigió, además, que la Auditoría Superior del Estado (ASE) intervenga de inmediato para revisar a fondo la cuenta pública y determinar si existen responsabilidades administrativas o incluso penales por este gasto desmesurado. Según Serrato, las observaciones de la auditoría deberán incluirse en la entrega de la cuenta pública del 2024 y, en caso de encontrar irregularidades, aplicar sanciones contundentes.
Recursos sin control público
El mecanismo utilizado por el gobierno estatal ha sido fuertemente cuestionado por especialistas, ambientalistas y ciudadanos. A través de una cláusula en el convenio firmado por Félix Arratia —entonces secretario de Medio Ambiente y hoy alcalde de Juárez por Movimiento Ciudadano—, se estableció que Reforestación Extrema sería la única encargada de ejecutar los proyectos de arborización autorizados. Esto significa que el dinero aportado nunca pasa por una cuenta pública, sino directamente a la asociación civil, que expide recibos fiscales y se deslinda de la obligación de informar en qué lo gasta.
Incluso el propio Montero ha reconocido que las aportaciones no son fondos gubernamentales. “Técnicamente no es dinero público”, afirmó en julio de 2023. Sin embargo, los particulares que entregan estos recursos al programa se han quejado de que no pueden verificar el destino de sus contribuciones.
La Ley Ambiental del Estado establece que los recursos por impacto ambiental pueden dirigirse a fondos públicos o privados, pero omite mecanismos de control cuando se trata de asociaciones civiles. Antes, la Secretaría de Medio Ambiente colaboraba con el Fondo Metropolitano del Agua, que sí tenía procesos de transparencia y fiscalización. Hoy, esa estructura ha sido reemplazada por un esquema sin vigilancia.
Cifras infladas, árboles invisibles: el legado de Samuel García
A pesar del discurso oficial que presume una cifra ambiciosa de árboles plantados, el último dato público comprobable indica que hasta junio de 2023 apenas se habían sembrado 5 mil 176 ejemplares, con un gasto de 147 millones de pesos. Para llegar a los 650 mil árboles mencionados por el gobernador, habrían tenido que plantarse más de 645 mil en nueve meses, algo que no ha sido demostrado con evidencia técnica, georreferencias ni imágenes.
La opacidad del programa ha provocado la indignación de activistas y legisladores. Varios colectivos han solicitado auditorías, comparecencias de los responsables y la intervención de la Auditoría Superior del Estado, sin que hasta ahora haya respuesta oficial. La información más reciente proporcionada por Comunicación del Estado intenta justificar la cifra global sumando otros programas de reforestación federales o privados, pero no detalla cuántos árboles corresponden al programa Bosques Ciudadanos.
Además, parte de los fondos recibidos por Reforestación Extrema ha sido destinada a empresas como Viveros Regionales y Arbolmax, cuyos vínculos familiares con funcionarios del gobierno han generado sospechas de conflicto de interés. Adrián Cavazos Cavazos, hermano del director de Protección Civil del Estado, Érik Cavazos, es socio principal de ambas empresas beneficiadas. Esto ha reforzado los señalamientos sobre un uso discrecional del presupuesto ambiental.
Críticas por asignación directa
Expertos han señalado que el gobierno estatal utilizó una interpretación laxa de la Ley Ambiental para otorgar de forma directa la operación del programa a una asociación que no pasó por procesos de licitación pública ni evaluaciones técnicas. “La Secretaría podía establecer convenios con fondos, no con asociaciones civiles”, señaló un biólogo consultado que prefirió permanecer en el anonimato.
Según este especialista, Reforestación Extrema no cumple con los requisitos técnicos ni operativos que se exigirían en una licitación transparente. “Le están dando el dinero para que lo haga, y entonces ya las cosas son de él, no son del pueblo”, advirtió.
A pesar del respaldo político y económico otorgado a esta asociación, el programa no ha generado beneficios tangibles ni se ha comprobado su impacto ambiental. Mientras tanto, los recursos continúan fluyendo sin supervisión, y la ciudadanía sigue sin ver los árboles que el gobernador asegura haber plantado.
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