La gestión encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda en Nuevo León vuelve a generar controversia, esta vez debido al llamativo incremento en el gasto destinado a la publicidad en redes sociales. Un análisis exhaustivo revela que el estado ha duplicado el monto máximo para contratar servicios a través de Indatcom, una empresa vinculada al principal asesor de comunicación de García, Rafael Valenzuela.
¿Favoritismo Descarado?
El contrato, firmado el pasado 2 de octubre de 2023, asigna a Indatcom la suma considerable de 100 millones de pesos, destinados a publicidad en plataformas como Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Este desorbitado gasto debía ejecutarse en los últimos seis meses del 2023, justo antes de que Samuel García tomara licencia para postularse como candidato presidencial. El acuerdo, que eleva la cantidad inicialmente pactada en junio pasado, presenta claros indicios de favoritismo hacia Rafael Valenzuela y sus empresas asociadas.
El Lucrativo Vínculo con el Asesor de Comunicación
No solo se adjudicó un segundo contrato a Indatcom, sino que EuZen y La Covacha, otras empresas vinculadas al asesor Valenzuela, también han cosechado millonarios contratos publicitarios durante el sexenio de Samuel García. EuZen, por ejemplo, se convirtió en proveedor del estado apenas dos meses después de que García asumiera el cargo, firmando un primer contrato por 580 mil pesos para tan solo 12 días de servicios. Esta compañía ha recibido contratos cada vez más lucrativos a lo largo de los años, llegando a sumar 6.9 millones de pesos en el 2022, y en el 2023, curiosamente, un acuerdo sin establecer un monto específico.
Contratos Ilimitados y Nubarrones de Conflictos de Intereses
La Covacha, también vinculada a Rafael Valenzuela, ha sido contratada para la producción de contenidos publicitarios a precios unitarios considerablemente elevados: 445 mil pesos por spots, 155 mil por reportajes para redes sociales y 80 mil por videos informativos. Este patrón de contrataciones levanta serias interrogantes sobre la transparencia y la equidad en el proceso de asignación de recursos públicos.
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