El Gobernador Samuel García, en un giro dramático y controversia plena, atribuye la parálisis de fondos estatales a la supuesta negligencia del Congreso local por no aprobar el Presupuesto 2024. ¡Pero no se dejen engañar! Lo que realmente sucede tras bambalinas es que el propio mandatario ha desobedecido la “nueva Constitución” que él mismo promovió y reformó en 2022. Este documento clave estipula que el Paquete Fiscal, compuesto por la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos, debe ser presentado en su totalidad. Sin embargo, García ha decidido ir por la libre.
Desafío a la Constitución
Mientras Samuel García se escuda en argumentos cuestionables para justificar su omisión en enviar un Presupuesto de Egresos completo, la Constitución reformada clama por su cumplimiento. Según el nuevo articulado, que García tanto ha alabado, debió haber entregado todos los detalles fiscales antes del 20 de noviembre. Pero, ¿cumplió? ¡No! Este desliz no es una novedad, pues ya en 2022 nos sorprendió con la misma jugada.
Un Patrón de Desacato en Ascenso
Desde el arranque de su gestión en 2021, García parecía seguir las reglas, pero todo cambió en 2022 cuando decidió que solo los ingresos bastaban. Este año no fue la excepción, y el resultado ha sido un tira y afloja con el Congreso, que se niega a jugar bajo reglas no acordadas. El año pasado, justo al filo de la fecha límite, envió solo la parte de los ingresos para 2024, dejando a todos en vilo sobre cómo piensa gastar el dinero.
Tácticas Intimidatorias y Amenazas
La tensión alcanzó su punto álgido cuando el gobernador lanzó una advertencia clara: modificar su propuesta significaría “quedarse sin presupuesto”. No solo eso, sino que llegó al extremo de amenazar con dejar a todos “en ceros”, secuestrando los fondos que le corresponden a cada quien si no se aceptaba su plan a ciegas.
Crisis y Confrontación: ¡Dinero Retenido!
Lo último en esta saga de descontrol ocurrió recientemente, cuando diversos organismos estatales, incluidos el Poder Legislativo y Judicial, se vieron forzados a reclamar sus pagos ante la retención de fondos. La respuesta del Estado fue una demanda descarada para que aprobaran el presupuesto o, en su defecto, “que se ajustaran el cinturón”. ¡Qué escándalo!
¿Mala Gestión o Estrategia Maquiavélica?
Este no es solo un drama de poder, sino un claro ejemplo de cómo las decisiones en la cúspide afectan a toda la estructura gubernamental y, por ende, a nosotros los ciudadanos. Con elecciones a la vuelta de la esquina, esta maniobra podría costarle caro no solo a García, sino a todo el estado. ¿Es esta la transparencia y la responsabilidad que prometió? ¡Nos merecemos respuestas y, sobre todo, respeto a nuestra Constitución!
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