En medio de un escándalo que sacude al estado de Nuevo León, el gobernador Samuel García se encuentra en el centro de la controversia por la revelación de una presunta triangulación de más de 200 millones de pesos hacia un despacho del cual es socio. La indignación pública ha alcanzado su punto máximo tras la publicación de documentos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que arrojan luz sobre estas operaciones financieras.
Según lo reportado por el periódico Reforma, desde octubre de 2021, fecha en que García asumió el cargo de gobernador, hasta noviembre de 2023, la empresa Suministro MYR, contratada por el gobierno estatal, facturó la cifra exorbitante de 964.7 millones de pesos por servicios de alimentos en diversas instituciones públicas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el destino final de una fracción considerable de estos fondos.
Samuel García Triangula Millones a través de Empresas Familiares
Se reveló que Suministro MYR transfirió 237.2 millones de pesos a otra empresa relacionada, Proveedor de Productos Mexicanos Jade, la cual, a su vez, realizó un pago de 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico y fiscal del cual Samuel García es socio, Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Esta cadena de transacciones financieras ha suscitado serias acusaciones de corrupción y conflicto de intereses que han provocado un fuerte repudio por parte de la ciudadanía.
Ante estas acusaciones, Samuel García se vio obligado a enfrentar a la prensa y admitir que, en efecto, el despacho del cual es socio recibió dichos fondos. No obstante, trató de desviar la atención al afirmar que este pago correspondía a una asesoría realizada por el despacho en 2017 para la empresa Proveedor de Productos Mexicanos Jade, en el marco de una auditoría del SAT por su ejercicio fiscal de 2015.
Ciudadanos Exigen Transparencia
Las explicaciones del gobernador no han convencido a muchos, quienes ven en esta situación un claro caso de malversación de fondos públicos en beneficio propio. La falta de transparencia y la opacidad en torno a estas operaciones financieras solo han avivado las llamas de la indignación pública, que exige una investigación exhaustiva y que se lleve ante la justicia a los responsables de este presunto acto de corrupción.
La sociedad neoleonesa se encuentra consternada ante la idea de que sus impuestos estén siendo desviados para beneficiar a funcionarios públicos y sus asociados. El clamor por una administración transparente y ética se ha hecho aún más fuerte en un momento en que la confianza en las instituciones se encuentra en entredicho.
En este contexto, la fiscalía de Nuevo León enfrenta una presión sin precedentes para esclarecer los hechos y tomar medidas contundentes contra cualquier indicio de corrupción. La sociedad espera que se haga justicia y que aquellos que abusan del poder público para su beneficio personal sean llevados ante la ley y enfrenten las consecuencias de sus acciones.
