Lo que era un rumor se ha convertido en una realidad indiscutible: el gobernador Samuel García está utilizando recursos estatales para favorecer la campaña a la alcaldía de Monterrey de Mariana Rodríguez. Pruebas audiovisuales demuestran que el gobierno estatal está detrás de la logística y limpieza de los eventos de la candidata de Movimiento Ciudadano, utilizando dinero de los contribuyentes para financiar su campaña.
Pruebas de apoyo estatal
Recientes denuncias de ciudadanos, apoyadas por fotos y videos, revelan que el gobierno de Samuel García está desviando recursos para apoyar la campaña de Mariana Rodríguez. La evidencia muestra a empleados de Limpia León, un organismo estatal, realizando tareas de limpieza en eventos de la candidata. Estos trabajos, que deberían estar destinados a mantener la limpieza de la ciudad para todos los ciudadanos, están siendo utilizados para embellecer los escenarios de campaña de Rodríguez.
Un video, captado por un ciudadano, muestra a miembros de Limpia León borrando grafitis de una barda que anunciaba un evento de Mariana Rodríguez. Pero esto es solo la punta del iceberg. En otro incidente, se registró la presencia de al menos 40 empleados estatales limpiando una cancha de fútbol en la Colonia La Campana, lugar donde la candidata llevó a cabo el inicio de su campaña. Este despliegue de recursos humanos y materiales, financiados con dinero público, ha generado indignación entre la población.
La Fuerza Civil, otra entidad estatal, también ha sido involucrada en este escándalo. Durante el evento en La Campana, una patrulla de la Fuerza Civil fue vista resguardando el área mientras se llevaban a cabo las labores de limpieza. Esto sugiere una coordinación entre diferentes dependencias del gobierno estatal para apoyar de manera indebida la campaña de Rodríguez.
Implicaciones del desvío de recursos para Mariana Rodríguez
El desvío de recursos estatales para fines políticos tiene serias implicaciones legales y éticas. En primer lugar, constituye una violación a las leyes electorales que prohíben el uso de recursos públicos para beneficiar a cualquier candidato o partido político. Además, este tipo de acciones erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y funcionarios públicos.
Los recursos utilizados para estas tareas de campaña deberían estar destinados a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de Nuevo León. En lugar de ello, están siendo canalizados para favorecer a una candidata específica, lo que genera un sentido de injusticia y agravio entre la población. La percepción de que los impuestos de los ciudadanos están siendo mal utilizados para fines políticos puede desincentivar la participación cívica y electoral, alimentando el cinismo y la apatía hacia la política.
Los opositores políticos de Mariana Rodríguez y Samuel García han levantado la voz, denunciando estos actos de corrupción y solicitando una investigación exhaustiva por parte de las autoridades electorales y de transparencia. Exigen que se tomen medidas correctivas inmediatas y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Los partidos de oposición, por su parte, han solicitado la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Argumentan que el desvío de recursos es un claro intento de manipular el proceso electoral y demandan que se tomen medidas drásticas para evitar que estas prácticas se repitan en el futuro.
