En medio del discurso político permeado por la promesa de cambio y transparencia, se alza una sombra de corrupción que arroja serias dudas sobre la integridad de quienes ostentan el poder. Tal es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, cuya gestión se ve manchada por acusaciones de enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses.
Corrupción de Samuel García y su Familia
El reciente escándalo revelado por el periódico Reforma evidencia una trama de corrupción tejida entre empresas proveedoras, triangulando fondos públicos hacia un despacho de abogados vinculado al propio gobernador y su padre. Según documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la empresa Proveedor de Productos Mexicanos Jace, beneficiada con millonarios contratos del Gobierno estatal, desvió la cantidad de 202.9 millones de pesos hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fundado por Samuel García y su progenitor.
Esta maniobra financiera, que tuvo lugar desde el inicio de la administración de García en octubre de 2021, plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en el ejercicio del poder. La empresa Suministro MYR, asociada con Jace, recibió contratos por servicios de alimentación en instituciones penitenciarias y dependencias gubernamentales por un total de 964.7 millones de pesos entre octubre de 2021 y noviembre de 2023. A su vez, MYR facturó a Jace, su empresa hermana, 237.2 millones de pesos, parte de los cuales fueron destinados al despacho del gobernador.
Samuel García Lucra de Impuestos Ciudadanos
Los pagos al despacho del gobernador y su padre comenzaron apenas once días después de iniciada la administración de García, lo que suscita sospechas sobre la planificación meticulosa de esta estrategia de enriquecimiento ilícito. A pesar de las acusaciones, el gobernador ha negado los señalamientos, calificándolos como parte de una estrategia de difamación orquestada por la “vieja política”.
Sin embargo, las declaraciones patrimoniales del gobernador confirman su participación del 50 por ciento en el despacho de abogados en cuestión, lo que refuerza las sospechas de conflicto de intereses y nepotismo. La opacidad en torno a las sociedades civiles vinculadas con el gobernador y su familia, así como la negativa del Registro Público local para proporcionar información sobre los movimientos de estas empresas, aumenta la incertidumbre sobre la integridad de las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Este caso no solo pone en entredicho la honestidad de las autoridades en Nuevo León, sino que también cuestiona la eficacia de los mecanismos de control y rendición de cuentas. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para investigar a fondo estas acusaciones y garantizar la transparencia en el ejercicio del poder público.
En última instancia, el caso de Samuel García y su presunta implicación en prácticas corruptas refleja la urgente necesidad de una verdadera renovación política, donde la rendición de cuentas y la probidad sean pilares fundamentales del ejercicio del poder. Mientras tanto, la sombra de la corrupción sigue oscureciendo el horizonte de la democracia en México, recordándonos la importancia de mantener una vigilancia constante sobre aquellos que han sido investidos con la responsabilidad de velar por el bienestar de la sociedad.
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