La Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó violaciones graves en dos casos ocurridos en el DIF de Nuevo León, uno de ellos la muerte del adolescente Ángel Moreno, de apenas 14 años, dentro del albergue DIF Fabriles. La resolución nacional destapó un entramado de omisiones, encubrimientos y decisiones políticas que hoy golpean de lleno a la administración de Samuel García, a Mariana Rodríguez, y al partido Movimiento Ciudadano.
Lo Que Acreditó La CNDH En El Caso DIF Fabriles
Mediante la Recomendación 148/2025, la CNDH ratificó que el caso DIF Fabriles implicó violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez. El organismo nacional revisó el expediente integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras la negativa del DIF de Nuevo León a aceptar la recomendación local.
La CNDH constató que, tratándose de una muerte bajo custodia del Estado, no se dio vista al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control, una omisión que impidió el acceso a la verdad y a la reparación del daño. Este señalamiento, por sí solo, evidencia una falla estructural grave.
Ángel Moreno Y La Versión Oficial Que Se Derrumbó
El primer caso ocurrió el 8 de febrero de 2022. Ángel Moreno murió dentro del albergue Fabriles. La versión oficial difundida por el DIF de Nuevo León habló de una peritonitis. Sin embargo, la investigación recabó testimonios que señalaron agresiones físicas previas contra el menor.
La CNDH concluyó que existieron violaciones graves al no activarse los protocolos mínimos ante una muerte bajo resguardo institucional. Lo que se presentó públicamente como un “dolor de estómago” terminó exhibido como un caso plagado de omisiones.
El Segundo Caso Que Amplía El Escándalo En DIF Fabriles
El caso DIF Fabriles no se limita a una muerte. El 4 de noviembre de 2020, otro menor ingresó al mismo albergue con la promesa de un proyecto educativo. Sin consentimiento familiar ni orden judicial, fue trasladado a un centro de rehabilitación en Veracruz.
Para la CNDH, autorizar un traslado fuera del estado sin respaldo legal constituye una violación directa al principio de legalidad y a los derechos de la infancia. Este hecho confirmó un patrón de decisiones irregulares dentro del DIF de Nuevo León.
Encubrimiento Institucional Bajo El Gobierno De Samuel García
Todo ocurrió durante la administración encabezada por Samuel García, con Mariana Rodríguez al frente del DIF estatal. La negativa del organismo a aceptar la recomendación local fue interpretada por la CNDH como un obstáculo para la verdad y la justicia.
Durante los hechos, el DIF de Nuevo León era dirigido por Miguel Ángel Sánchez, a quien señalan era cercano a Mariana Rodríguez. Pese a los señalamientos y a la investigación, no hubo consecuencias públicas inmediatas. La percepción de protección política se volvió inevitable.
Comunicación Oficial Y Control Del Daño
Un elemento clave fue el manejo mediático. Glen Villarreal Zambrano, entonces responsable de comunicación, difundió la versión de una muerte natural, mientras la investigación avanzaba en sentido contrario.
Este control del relato público no fue menor. Para organismos civiles y legisladores, se trató de una estrategia para cerrar el caso DIF Fabriles sin esclarecer responsabilidades, priorizando la imagen del gobierno y de Movimiento Ciudadano.
Millones En Publicidad Para Samuel Y Mariana, Cero Para La Justicia
Mientras el expediente se estancaba, el gobierno estatal mantenía un gasto elevado en comunicación institucional. El contraste es brutal: millones en promoción, familias sin justicia. El caso DIF Fabriles se convirtió en símbolo de una administración que comunica rápido, pero responde lento.
Las violaciones graves acreditadas por la CNDH desnudan un sistema que falló a quienes debía proteger.
La CNDH otorgó 15 días al DIF de Nuevo León para aceptar y cumplir la recomendación, colaborar en las investigaciones administrativas y facilitar la reparación del daño. También ordenó emitir una circular interna para evitar la repetición de estos hechos.
La pregunta persiste: ¿habrá consecuencias reales o el caso DIF Fabriles se sumará a la lista de expedientes enterrados por el poder político? Mientras no existan responsabilidades claras, la sombra del encubrimiento seguirá persiguiendo a Samuel García, Mariana Rodríguez y a Movimiento Ciudadano.
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