A un año de las elecciones judiciales, los impartidores de justicia impulsados a través de listas filtradas por la administración de Samuel García en Nuevo León se encuentran en el ojo del huracán. Diversos señalamientos apuntan a que estos juzgadores no solo emiten fallos a favor del Poder Ejecutivo local, sino que también han dictado resoluciones que permitieron la excarcelación de personas ligadas a células delictivas de alta peligrosidad.
Tania Virginia Neri Borjas y los fallos a favor del Ejecutivo
La jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ha sido una pieza clave para congelar los procesos legales que incomodan al mandatario estatal. Recientemente, otorgó de forma expedita una suspensión provisional que paralizó el juicio político del gobernador Samuel, impidiendo que el Congreso local avance en las investigaciones por presuntas triangulaciones financieras que benefician de manera directa a los despachos jurídicos de su familia.
Aunado a esto, las decisiones de la juzgadora han permitido mantener el control de organismos clave como el Tribunal de Justicia Administrativa, frenando la incorporación de perfiles opositores. Este tipo de acciones incrementa las críticas de la opinión pública, que observa cómo los perfiles promovidos por el Estado actúan como un escudo legal frente a los reclamos de opacidad y la corrupción.
Nexos laborales y conflictos de interés con Samuel García
El alcance de los juzgadores afines va más allá de los juzgados de distrito, tocando también a los tribunales colegiados. Los magistrados Roberto Rodríguez Garza y Cynthia Cristina Leal Garza fueron denunciados penalmente por negarse a excusarse en una revisión vinculada al control administrativo, a pesar de haber tenido puestos de alta jerarquía dentro de la misma estructura del gobierno de la entidad.
Las críticas por la falta de ética se intensificaron tras revelarse fotografías de un festejo privado. Varios integrantes del Poder Judicial, como Carlos Alberto Flores Alamilla, Sonia Alejandrina Martínez Mireles y Érick Martín Vega Sierra, asistieron a la fiesta de cumpleaños del Secretario General de Gobierno, evidenciando la cercanía con el círculo del mandatario Samuel García.
Resoluciones de Luis Gerardo Esparza que devuelven capos a las calles
Por otra parte, la materia penal registra las decisiones más alarmantes para la seguridad pública del estado. El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, Luis Gerardo Esparza, dictó un amparo definitivo que dejó sin efecto la reclusión de Joel Rodolfo Ramones Barba, identificado como el cabecilla de la organización criminal conocida como “Los Rodos”, quien posee un negro historial delictivo en la región.
Las acciones que favorecen al crimen organizado se complementan con las decisiones tomadas en el Centro de Justicia Penal Federal por la jueza María de los Ángeles Padrón Banda. Esta juzgadora determinó la no vinculación a proceso y dejó a un presunto delincuente huachicolero libre, desestimando los cargos en contra de José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, y de sus cómplices capturados en operativos federales.
Esta red de favores y presuntos vínculos políticos ha encendido las alarmas en la entidad, ya que las determinaciones de tres juezas y dos jueces en seis casos específicos han generado severos cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia federal en la región. Los señalamientos van desde el freno a procesos de fiscalización hasta la impunidad en delitos graves.
